La entrega de tarjetas IBU de Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', puede continuar como parte de su estrategia de repartir plásticos con la promesa de pagar a cada mexicano 1,500 pesos mensuales si gana la elección.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad declarar improcedente la solicitud de medidas cautelares por la presunta compra y coacción del voto al proyecto de entrega de las tarjetas de Ingreso Básico Universal (IBU), atribuible a Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente'.
La solicitud fue formulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras declarar que esta medida podría afectar la decisión del electorado, de cara a la elección del 1 de julio.
La presidenta de la comisión, Adriana Favela, declaró que este tipo de propaganda tiene como finalidad dar a conocer una propuesta y, al contar todas con los mismos 16 dígitos de una tarjeta bancaria, no podría funcionar de forma personalizada.
"Tienen como finalidad dar a conocer esa propuesta y lo relevante de estas tarjetas es que dice que es propaganda electoral (...) si fuéramos más allá, y uno puede advertir que tienen los mismos números, no hay una tarjeta como tal porque es un cartón. Es exactamente el mismo número de la tarjeta", explicó la funcionaria durante la sesión este lunes.
No obstante, agregó que lo más preocupante está en la obtención de datos como el domicilio o el nombre de los votantes.
Durante la sesión extraordinaria de la comisión, este tema tomó un camino similar al de las tarjetas 'Avanzar contigo', entregadas por José Antonio Meade, candidato de 'Todos Por México', ya que también podría asumir el cambio de decisiones en el electorado durante la contienda presidencial. Sin embargo, la comisión consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha estableció los criterios sobre su validez.
"En un plano de congruencia, a partir de lo que esta Comisión resolvió en las tarjetas 'Avanzar contigo', sería ir cuesta arriba (...) Yo no comparto esta visión de que a la comisión le corresponde aplicar criterios del Tribunal, cuando estos van en perjuicio de principios constitucionales", expresó la Consejera Pamela San Martín.
"Lo que se tiene que analizar y que discutir es cómo esta comisión se plantea estos casos de origen. Lo digo con mucho cuidado y respeto y responsabilidad: la ley debe interpretarse de esta forma y en el caso del tribunal siempre se le da un tratamiento distinto por óptica".
San Martín detalló que no pueden dejar de analizar las acciones que se deben de tomar para prevenir y combatir cualquier conducta que vaya contra la libertad del sufragio.