El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que lidera Carlos Romero Deschamps, se resiste a transparentar el destino de los recursos que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró Patricia Kurczyn, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Aclaró que no se trata de acusar o perseguir a los sindicatos, pues el INAI sólo se encarga de tutelar el derecho de acceso a la información, pero en el caso del STPRM, se trata de un gremio que en la práctica interpone amparos para evitar cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Durante la presentación del libro "Alcances de la Reforma Constitucional respecto del Derecho de Acceso a la Información en Sindicatos", indicó que desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia, se han recibido dos mil 808 solicitudes de acceso a la información pública en materia de sindicatos.
Al término de la presentación se le preguntó a Kurczyn sobre qué es lo que más quieren saber los ciudadanos de los sindicatos o qué es lo que ocultan más los sindicatos y esto es lo que respondió:
"No me gustaría porque no me quiero convertir en una acusadora de sindicatos, pero hay un sindicato muy importante que por supuesto que recibe muchísimo dinero de recursos públicos, no los recibe indebidamente, están en su contrato colectivo, y es un sindicato que se ha amparado una, y otra, y otra vez porque se niega a dar información sobre el destino que tienen los recursos públicos".
Al mencionarle si el Sindicato al que se refiere es el de Pemex, el cual interpone amparos cada que se le requiere información pública, dijo:
"En el caso del sindicato de Pemex que se ha amparado pues hay ya resoluciones que han llegado a ser jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la que determina que tiene que cumplir con las obligaciones de transparentar, aunque se siga amparando pues tendrá que cumplir las resoluciones porque la obligación queda vigente", señaló.
Del 5 de mayo de 2016, fecha en que entró en vigor la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), al 15 de febrero de 2017, se han firmado 5 convenios de colaboración con sindicatos para apoyar el cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
Los convenios firmados han sido con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México.
En ese mismo periodo, se presentaron 129 recursos de revisión en contra de las resoluciones adoptadas en su calidad de sujetos obligados, apuntó en la presentación del libro de la autoría de Alfredo Sánchez-Castañeda, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Defensor de los Derechos Universitarios.
"El Índice de cumplimiento es muy alto, es cuestión de orgullo señalar que no hay una resistencia con excepción de dos o tres sindicatos que no se han querido acercar y que no han querido dar contestaciones, la mayoría de todos los sindicatos están cumpliendo con sus formatos de datos abiertos y están dando en sus portales la información que corresponda", expuso.
Sánchez-Castañeda dijo que no se puede negar el avance en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país, pues el hecho de que los sindicatos que reciban recursos públicos puedan ser objeto de fiscalización ha sido un gran acierto de la reforma constitucional reciente.
Sin embargo, "el avance legislativo enfrenta tres grandes problemas relacionados con el conocimiento de los órganos encargados de la transparencia, con la percepción de los gobernados de su gobierno y en tercer lugar con la percepción de la sociedad en relación con los sindicatos".
En la presentación estuvieron el subsecretario del Trabajo de STPS, Rafael Avante; el abogado general de la UAM, Carlos Reynoso, y el director del Seminario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, Porfirio Marquet.