Productores agrícolas y únicos exportadores de pepino y tomate a los Estados Unidos, dieron a conocer pérdidas millonarias derivadas por los bloqueos carreteros que realiza la Sección 22, por lo que interpondrán un recurso jurídico para solicitar la indemnización por daño patrimonial a las autoridades estatales y federales.
Así lo dio a conocer Mario Robles, productor en la entidad, quien puso de manifiesto que se trata de un recurso jurídico interpuesto por 350 productores de 50 comunidades que se han visto afectados en el traslado de su producto, para lo cual han destinado un recurso mayor que los ha hecho registrar pérdidas considerables.
Robles explicó que recientemente debido a los bloqueos carreteros registraron una pérdida 110 mil dólares, al perder la carga de pepino y tomate de cuatro camiones, lo cual puso en riesgo los contratos de exportación con los que cuentan y que les costó 5 años conseguir con empresas del vecino país del norte.
Razón por la que decidieron proceder de forma jurídica a fin de recuperar lo perdido ante la omisión de las autoridades estatales para garantizar la productividad en la entidad. "No queremos que nos regalen nada, querremos recuperar lo perdido debido a la omisión de las autoridades para garantizar condiciones idóneas de producción y exportación en Oaxaca", dijo.
En el mismo sentido, detalló que independiente de la pérdida del producto perecedero, se han enfrentado a pérdidas que generan el traslado por rutas alternas a las que presentan los bloqueos carreteros que son de 16 mil pesos extras por camión de carga.
Fabián Vasquez abogado de los productores puso de manifiesto que la Constitución Política pone a disposición una figura jurídica para actuar por daño patrimonial en este caso en perjuicio de 350 productores que generan 3 mil 200 empleos directos, razón por la que encauzaron la solicitud ante las instancias correspondientes.
Explicó que lamentablemente sólo 5 organizaciones productores de hortalizas han logrado exportar sus productos a Estados Unidos y pese a ello han estado a punto de perder los contratos que tardaron cinco años en concretarse ganando la confianza de empresas del norte, razón por la que iniciarán acciones jurídicas para defender su actividad productiva.