RÍO DE JANEIRO.- La fiscalía brasileña pidió hoy una sanción económica de más de mil 500 millones de dólares para seis empresas suministradoras de servicios de la petrolera estatal Petrobras, por su presunta implicación en una red de corrupción.
Esa cantidad, exigida a las empresas Camargo Corrêa, Sanko, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia y Engevix, incluye la devolución de 113 millones de dólares a las arcas de Petrobras, 342 millones de multa civil y mil 140 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales colectivos.
Las compañías encausadas son seis grandes constructoras de Brasil, algunas con operaciones internacionales en América Latina y África, y están acusadas de participar en un esquema de desvío de fondos y comisiones de Petrobras para partidos políticos, funcionarios y altos cargos de la estatal.
La fiscalía también pidió al juez prohibir a las empresas su participación en licitaciones, y exigió que se imponga un "castigo ejemplar para que pase a ser ventajoso mantenerse alejado de prácticas corruptas".
Aseguró que la Operación Lava-Jato, en la que se enmarca esta macrocausa por el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, se basaba en la complicidad de las empresas para desviar entre 1.0 y 3.0 por ciento de contratos multimillonarios de licitaciones fraudulentas para partidos políticos y ejecutivos.
Cientos o incluso miles de millones de dólares habrían salido de manera ilícita desde la estatal.
La petrolera admitió, en su último balance trimestral, que contratos por valor de 34 mil millones de dólares podrían estar afectados por sobrefacturación con el objetivo de desviar un porcentaje de los contratos.
El escándalo, que podría salpicar al Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff, provocó la dimisión de la presidenta de Petrobras, y su sustituto prometió al asumir el cargo acabar con los desórdenes en la mayor empresa de Brasil.