El Paquete Económico 2017 señala que el proceso de liberalización de precios de la gasolina y diésel arrancará de forma "gradual y ordenada" el 1 de enero de 2017 y podrá terminar hasta finales de 2018.
Durante ese lapso, la Secretaría de Hacienda fijará los precios máximos en las regiones donde todavía no se hayan liberado los precios, y en aquellas donde sí también los podrá fijar si se determina que hay precios excesivos que afecten a los consumidores.
En el documento se indica que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con aval de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), determine "el ritmo de la liberalización de los precios para las distintas regiones del país".
"Dichos precios máximos al público deberán determinarse de manera tal que reflejen los precios internacionales de las referencias del combustible de que se trate y los costos de suministro en la región en cuestión", señala la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
De acuerdo con la propuesta, que será discutida en el Congreso, Hacienda deberá publicar la metodología que empleará a más tardar el último día de 2016.
El documento detalla que durante 2017 y 2018, cuando la CRE, previa opinión de la Cofece, informe a Hacienda que se han presentado "aumentos desproporcionados en los precios al público de las gasolinas o el diésel, dicha Secretaría podrá establecer precios máximos al público en aquellas regiones o subregiones en que ello sea necesario, con la finalidad de proteger al consumidor".
En este sentido, se contempla también que cuando la Cofece determine que las circunstancias ameriten iniciar un procedimiento para comprobar si hay la suficiente competencia efectiva en alguna región, se faculte a la CRE para que pueda intervenir, mediante una medida precautoria consistente en establecer un precio máximo al público para el combustible en cuestión para un periodo y región determinada, de tal forma que proteja los intereses de los consumidores.
Para fortalecer el monitoreo de los organismos públicos, se propone establecer que las empresas tendrán obligaciones de reportar los precios al público cada vez que se modifiquen, así como los volúmenes comprados y vendidos, entre otra información.
Hasta hace algunos meses, Pemex era la única entidad que podía importar gasolinas y diésel.
Desde el 1 de abril de este año, la Secretaría de Energía (Sener) comenzó a otorgar permisos para la importación de gasolinas sin la intermediación de Pemex. El propósito era garantizar la oferta de combustibles e incrementar las alternativas para el consumidor.
La liberación de los precios para 2017 abre la puerta para que el importador pueda fijar el precio de venta al público, aunque en este caso, además de los impuestos que afectan el precio de venta, también se debe considerar las fluctuaciones del peso frente al dólar lo que en la actual coyuntura podrá ser un factor de encarecimiento.