La ley y reglamento en materia de prevención de lavado de dinero vigente desde el 2012 ha significado para los distintos sectores comerciales y financieros un aumento en sus gastos de administración, que además ha significado caída en sus negocios e incluso han puesto en riesgo el que continúen abiertos.
En el marco del foro de consulta sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita organizado en el Senado de la República, los representantes de diversos sectores, coincidieron que esta iniciativa debe ser una oportunidad para corregir los problemas que ha generado la legislación actual sobre el tema.
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), explicó que la iniciativa propone que los negocios estén obligados a contar con un registro de cada uno de sus clientes y de cada operación de venta realizada con ellos, además de que cada semestre identifique a aquellos que alcanzaron el umbral establecido por la propuesta y dar aviso a la Secretaría de Hacienda.
Esa medida representaría una enorme carga administrativa por los costos que les conllevaría a las empresas cumplir con tales requisitos, tanto en términos tecnológico como de recursos humanos, pues ANTAD cuenta con cerca de 20 millones de clientes que acuden todos los días a las tiendas asociadas.
Existe afirmó, el riesgo, también, de pérdida de clientes y competitividad del comercio ante Estados Unidos, por la exigibilidad de mayores requisitos. "Los clientes se están yendo al otro lado a comprar las cosas y estamos perdiendo no sólo la venta sino el IVA y los impuestos correspondientes".
El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo González, explicó ante los senadores que "es muy importante que reafirmemos una vez más que la aplicación de la ley ha generado compromisos operativos que hemos venido a asumir las empresas que se consideran actividades vulnerables, respecto del registro de operaciones, identificación de clientes y la eventual elaboración de avisos a la autoridad".
Por otra parte, dijo se ha enfatizado que existe una inequitativa afectación en razón de la diferencia fáctica en cantidades y montos de operaciones que celebran los mismos.
"El impacto es generado básicamente por los umbrales determinados legalmente para la identificación de usuarios y la generación de avisos a las autoridades financieras, cantidades que, en nuestra opinión debieran estar sujetas a un procedimiento de actualización y valoración, cuando no representen información significativa para el propósito que se persigue".
En su opinión, aun cuando es necesaria esta ley para prevenir el delito, en los términos en los que está actualmente la ley han limitado la actividad económica, lo que se ha traducido en menores ventas de vehículos, han encarecido la administración de las empresas en virtud del cumplimiento de las obligaciones.
"Pero también, la forma en la que está concebida la ley y las sanciones contempladas en la misma, han generado un riesgo muy importante, ya que es muy fácil incumplir la ley, y esto genera contingencias importantes".
Lo anterior, explicó porque si hubiera una auditoría en este momento, "estaríamos en riesgo de tener que entregar las llaves de muchos negocios, y no es porque exista dolo, ni es porque exista ninguna intención de estar al margen de la ley, simple y sencillamente que el hecho de haber tenido una omisión, un error o una falta de capacitación, automáticamente nos pone en los considerandos que la propia ley tipifica como infracción".
El sector automotriz recordó debe cumplir con diversas disposiciones legales, como la ley del Registro Público Vehicular, Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en materia local, las leyes de tenencia y control vehicular. Todas con obligaciones de reportes, de avisos, presentación de información.
Miguel Cotero, de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del estado de Jalisco, aseguró que la industria se ha visto claramente afectada a partir de la implementación de esta ley.
"El 95 por ciento de nuestras industrias son micro y pequeños empresarios de una industria lícita, milenaria, que es como cualquier otra industria; la única diferencia es que nuestra materia prima es un metal con un valor en estos momentos de 600 mil pesos el kilo. Sin embargo, los umbrales o los montos de utilidad dentro de la industria joyera, son exactamente igual que cualquier otra industria".
Si bien consideraron positivo el aumento de los umbrales para hacer los reportes, existe preocupación porque en la actual legislación deben de presentar un aviso, se remite exclusivamente al tema del efectivo.
"En esta propuesta de ley se quita el tema del efectivo. Es algo que nosotros hemos insistido desde la operación de esta ley. Todas las operaciones que están de alguna manera bancarizada, ya no tendríamos nosotros por qué volver a registrar y por qué volver a identificar a los clientes que de por sí están ya identificados por un sistema financiero que tiene toda la información para abrir una cuenta".
Lo que ha representación para la industria joyera una sobre carga en temas de análisis y recepción de los datos de sus clientes.