Economía

La reforma laboral enfila cambios: IMCO

Para el IMCO, reformar el modelo de justicia laboral implicará modificar varias enmiendas como las leyes del Trabajo, de los Trabajadores al Servicio del Estado y la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Zenyazen Flores
16 octubre 2016 22:25 Última actualización 17 octubre 2016 9:3
 [JFCA busca dar certeza jurídica a las empresas / Arturo Monroy / El Financiero] 

Los cambios enfocados a la política pública son los ajustes que se deben hacer en el aparato gubernamental para hacer eficiente el manejo de recursos. (Arturo Monroy / El Financiero)

La reforma en materia de justicia laboral que aprobó el Senado es sólo el inicio de la transformación del modelo de justicia de Juntas de Conciliación a juzgados del Poder Judicial, pues para garantizar su operación son necesarios ajustes a otras leyes y a las políticas públicas.

Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó que la reforma constitucional tiene dos dimensiones, una normativa y que no sólo implica cambios a la Constitución, y otra sobre las acciones de política pública a implementar con todos los involucrados.

“Lo que no nos gustaría ver es que fuera un producto legislativo ratificado pero que al final permanezca la brecha entre el texto de las reformas aprobadas y lo que el ciudadano vea en la realidad en sus derechos, el gran riesgo es que no se materialice”, dijo en entrevista con El Financiero.

Añadió que si sólo se dan los cambios constitucionales “nos quedaríamos muy limitados y no avanzarían los cambios; por un decreto no funciona la justicia”.

En la parte normativa dijo que reformar el modelo de justicia laboral “que viene arrastrando varias carencias”, implicará cambiar regulaciones como la Ley del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Penal, la Ley de Amparo y reglamentos de cada estado.

Los cambios enfocados a la política pública son los ajustes que se deben hacer en el aparato gubernamental para hacer eficiente el manejo de recursos, el control de faltas a la Ley y que haya transparencia y mejor capacidad del servicio público.

También deberán generarse los mecanismos para verificar la calidad con que funcionarán nuevos organismos como los centros de conciliación. “Se busca sacudir los vicios de las Juntas y que se alineen a un Poder Judicial que tiene mejor preparación y autonomía”, indicó.