El impuesto ecológico a la industria minera que aprobó el Congreso local en diciembre de 2016 es ilegal y pone en riesgo la viabilidad de las operaciones en algunos centros de trabajo en esa entidad, advirtió Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles.
El directivo señaló que el pasado miércoles 8 de febrero la empresa promovió un amparo para impedir la aplicación de ese impuesto, y espera que esta semana el juzgado determine si es admitido o no el recurso legal.
"Son impuestos que afectarían al sector minero de manera importante y ponen en peligro la viabilidad de las operaciones que tenemos en Zacatecas. Como está el impuesto, hablamos de miles de millones de pesos lo que estaría afectando al sector minero, es un impuesto fuera de toda proporción", expuso.
Entrevistado al término del evento conmemorativo del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico-FRENTE por su séptimo aniversario, indicó que en Peñoles están en contra de ese impuesto porque "creemos que es ilegal y que no compete al estado el imponer ese tipo de impuestos, la minería se rige por una ley federal, esperaremos a que se dirima esto en los juzgados".
Peñoles sostendrá esta semana reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para abordar el tema del impuesto, esto con independencia del juicio de amparo interpuesto.
En tanto, el secretario general del sindicato FRENTE, Carlos Pavón, comentó que la organización que encabeza también interpuso el viernes 10 de febrero un amparo en contra de la aplicación del impuesto ecológico propuesto por el gobernador Alejandro Tello y aprobado por el Congreso local.
Comentó que con esta impugnación las cuatro secciones sindicales con contratos firmados con Peñoles "esperamos que se eche atrás este impuesto que sólo tiene fines recaudatorios y no ecológicos, que además fue aprobado de manera ilegal porque fijar cargas impositivas al sector de la minería es una facultad del ámbito federal".
Pavón recordó que el impuesto ecológico se sumó al impuesto de 7.5 por ciento a las utilidades que se cobra desde 2014 y que alimenta al Fondo Minero, "lo que provocó que ya se contemple el cierre de a Mina Madero, que dejaría en la calle a casi mil 200 trabajadores".