Economía

Habría incurrido KIA en delito de peculado: abogados

Directivos de la armadora coreana Kia Motors podrían haber incurrido en delitos de peculado y cohecho si con dolo aceptaron apoyos por parte de exfuncionarios y funcionarios del gobierno de Nuevo León, estiman abogados.
Sonia Coronado
23 agosto 2016 22:53 Última actualización 24 agosto 2016 5:0
kia (Reuters)

La falta de acción del Gobierno estatal en contra de la armadora podría ser parte de un acuerdo para proteger las negociaciones que mantiene con ésta para lograr un nuevo convenio, señalaron litigantes. (Reuters)

Luego de que la defensa legal del exsecretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, Rolando Zubirán Robert, advirtiera que “irán hasta el fondo” en el caso de su defendido, por lo que pedirán citar tanto a exfuncionarios y funcionarios del Gobierno, así como a directivos de Kia Motors para deslindar a su cliente de los delitos que le fueron imputados, abogados penalistas consultados al respecto apuntan que la armadora podría haber violado la ley.

De acuerdo al artículo 207 Bis del Código Penal de Nuevo León, la armadora podría haber incurrido presumiblemente en algún delito, si con dolo aceptó los apoyos ofrecidos, y alguno de los delitos son peculado y cohecho.

El artículo antes citado señala que son servidores públicos los representantes de elección popular; las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes, ejecutivo, legislativo o judicial del Estado, en los municipios, o en los órganos autónomos; y las personas que manejen recurso económicos del Estado o de los municipios.

“Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que a sabiendas, se beneficie o participe en la comisión de alguno de los delitos en este título o el subsiguiente, tenga o no el carácter de servidor público”, agrega.

Consultados al respecto, abogados que prefirieron el anonimato señalaron que la falta de acción del Gobierno estatal en contra de la armadora podría ser parte de un acuerdo para proteger las negociaciones que mantiene con ésta para lograr un nuevo convenio.

“En el supuesto de que ellos (la armadora) sabían que iban a obtener un beneficio de algo que estaba hecho fuera de la ley o violentándola, también están cometiendo un delito, ya sea de peculado, cohecho o ejercicio indebido de funciones, el mismo que haya cometido el funcionario público, pero primero hay que tener las evidencias para poder acusar”, detalló.

Además señaló que “levanta sospechas el por qué sólo se actuó en contra de los exfuncionarios por parte del Gobierno actual y no también contra el particular, situación que ya permite la ley”.

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