Economía

Escasa recaudación
en predial y agua, causa
de alta cartera vencida

Tan sólo en el pago del predial, cuatro estados acumulan una deuda superior a los 24 mil millones de pesos; debido a la escasa eficiencia en el cobro de estos servicios, se han generado abultadas carteras vencidas en todo el país.
Marcela Ojeda
24 junio 2014 23:29 Última actualización 25 junio 2014 5:0
predial

El adeudo en predial ha generado 'gordas' carteras vencidas en el país. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasa efectividad recaudatoria y de cobranza coactiva en los municipios ha originado abultadas carteras vencidas en materia de impuesto predial y cobro de derechos de agua a lo largo de los últimos cinco años.

Cifras de recaudación que gobiernos locales reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la determinación de las participaciones federales indican que en el caso del impuesto inmobiliario, tan sólo el Distrito Federal y los estados de México, Jalisco y Nuevo León acumulan un adeudo superior a 24 mil millones de pesos.

Este monto equivaldría a 70 por ciento de la cartera vencida total de los municipios por concepto de predial –calculada en alrededor de 34 mil 200 millones de pesos, pero con base en las localidades donde hay catastros–, agregó Humberto Morones, investigador del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).


El adeudo es comparable a los 26 mil 758.6 millones que se espera obtener en todo 2014 a través del Impuesto General de Importación, y es cuatro veces la recaudación estimada por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a productos con alto contenido calórico, de 5 mil 600 millones de pesos.

También es similar a los 24 mil 800 millones destinados para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el programa Prioridades de Gasto del Gobierno Federal 2014 para ampliar la cobertura de agua potable y de abasto al sector agropecuario, y a los 25 mil 395 millones del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones.

“Si los montos de los créditos vencidos de predial estuvieran bien determinados y se recuperaran completamente, el monto que año con año se recauda a través de ese impuesto aumentaría en 100 por ciento”, indicó Morones Hernández.

En entrevista con EL FINANCIERO, añadió que prácticamente en todas las entidades federativas, los valores catastrales que sirven de base para determinar el impuesto predial que deben pagar los propietarios de inmuebles están rezagados respecto a los valores de mercado.

Dijo que por lo general, las entidades con los montos más grandes en sus carteras vencidas de ambos gravámenes municipales también obtienen una mayor recaudación por los mismos conceptos.

OBTIENEN POCO

En entrevista por separado, Flavia Rodríguez, directora general de la consultoría Aregional, precisó que de 2003 a 2012 la recaudación por impuesto predial y derechos de agua pasó de 64 mil 194 a 78 mil 176 millones de pesos (a precios constantes de 2012), lo que significa que durante nueve años, su crecimiento promedio anual real fue de apenas 2.2 por ciento.

Datos de la OCDE indican que la recaudación del predial como porcentaje del PIB en México fue de 0.22 por ciento, que contrasta con la tasa de 3.02 por ciento de Estados Unidos y de 3.73 por ciento de Francia.

En tanto, cifras de la SHCP y del INEGI, muestran que en 2012 la recaudación promedio nacional por predial fue de mil 278 pesos y a nivel per cápita de 291 pesos.

En 24 entidades, es decir, 75 por ciento del territorio, la recaudación por cuenta de predial estuvo por debajo del promedio nacional, y en 18 estados, esa recaudación anual per cápita no llegó a 200 pesos.
El DF y Quintana Roo fueron las entidades con las mayores recaudaciones de predial, con un promedio anual de 6 mil 240 y 2 mil 628 pesos, cada una.

En el lado opuesto, Tlaxcala reflejó un promedio anual por predial de 246 pesos.

Tanto Rodríguez Torres como Morones Hernández coincidieron en que este tipo de recaudación en nuestro país es muy bajo, debido en parte a las bajas sanciones por incumplimiento; a la desactualización de los catastros y a la falta de registros y estadísticas acerca del total de predios en cada municipio.

“Falta información sobre los predios registrados, los que no pagan, los que están subvaluados y los que tributan de una manera inadecuada”, enfatizó la directora de Aregional.

ARMAS PARA ELEVAR LA RECAUDACIÓN

Los especialistas subrayaron que la emisión, por parte del Congreso, de la Ley general para armonizar y homologar la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros de todo el país, cuyo plazo vence el 28 de junio, ayudaría a resolver el problema, ya que los encargados del cobro del predial serían los estados y no los municipios.

Los municipios harán convenios con los estados, quienes tendrán que cobrar el impuesto predial, “lo cual es muy positivo, pero el problema es que el estado no podrá entregar a los municipios todo lo que recaude”, dijo Flavia Rodríguez.

“Si los estados van a ser los que lo cobren, eso les va a implicar un costo, entre los que hacen las facturas, los inspectores y todo lo administrativo, pero cuando menos van a tener algo de ingreso por predial, que hoy no están cobrando”, profundizó.

El decreto por el que se adicionó la fracción XXXIX inciso R al Artículo 73 de la Constitución en materia de registros públicos inmobiliarios y catastros entró en vigor el 28 de diciembre de 2013 y desde entonces el Congreso cuenta con no más de 180 días para expedir la citada ley general.

Una vez que el Congreso de la Unión la apruebe y entre en vigor, los congresos locales tendrán un plazo no mayor a 60 días para adecuar su legislación a lo que establecen tanto el decreto, como la citada ley general, que vencería el 28 de agosto próximo.

A su vez, Humberto Morones dijo que lo que justifica dicha reforma es el panorama que se observa en el territorio nacional, de catastros con muchas deficiencias.

“De entrada, con registros incorrectos, desactualizados y valores catastrales rezagados, que entre otras cosas propician iniquidad fiscal, bajo rendimiento recaudatorio y, desde luego, falta de seguridad jurídica”, enfatizó el especialista.

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