Economía

En las entidades ‘no cuadran’ las cuentas

Estados como Colima, Sonora y Michoacán, que cambiarán de administración este año, enfrentan problemas de liquidez y por ello han recurrido a recortes de personal y al impago de pensiones.
Redacción
11 agosto 2015 0:16 Última actualización 11 agosto 2015 5:5
Morelia

El gobierno de Michoacán debe cerca de 200 millones de pesos a sus 113 municipios. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Para enfrentar los problemas de liquidez, los estados donde hay cambios de administración han tenido que posponer pagos a sus trabajadores, pensionados, dependencias y recortar personal.

Después de que el gobernador Mario Anguiano Moreno revelara que la deuda pública en Colima oscila en 2 mil 223 millones de pesos y un déficit de mil 598.5 millones, la economía de la entidad se encuentra prácticamente paralizada.

Esta situación provocó que como medida de austeridad el gobierno estatal despidiera a mil 50 trabajadores, con el objetivo de buscar equilibrar las finanzas del estado.

Más de tres mil adultos mayores beneficiados de programa sociales del gobierno estatal han manifestado que desde septiembre del año pasado no les han pagado lo que les corresponde.


DEUDA GENERA DEBATE
En Sonora, integrantes nombrados por la gobernadora electa Claudia Pavlovich, cuestionaron la situación financiera que muestra la cuenta pública y leyes de ingresos y presupuesto de los últimos cinco años, ya que arrojan un déficit presupuestal en casi todos los rubros.

Externaron su preocupación porque no se han entregado pagos a jubilados de la administración estatal y al crecimiento del gasto corriente y la disminución en el de inversión.

PARAN EN MICHOACÁN
La falta de liquidez de la administración del gobernador Salvador Jara Guerrero ha impactado prácticamente a los 113 municipios, pues les deben cerca de 200 millones de pesos de obra convenida y del fondo de infraestructura municipal.

También ha afectado severamente a los sindicatos de los poderes Ejecutivo y Judicial, quienes de manera recurrente se declaran en paro laboral para presionar al gobierno para que cubra sus salarios y prestaciones.