Economía

Emergen empresas de ‘cobranza’ del gobierno a favor de proveedores

Para agilizar el pago a proveedores por parte de los gobiernos, en el país han surgido empresas que brindan servicios de cobranza, las cuales se llevan una comisión de hasta 25%.
Dainzú Patiño/Eduardo Aguilar
28 marzo 2016 22:40 Última actualización 29 marzo 2016 9:40
Vivienda. (El Financiero)

La falta de pago a proveedores estatales, principalmente Pymes, afecta a las economías regionales. (El Financiero)

Los adeudos a proveedores son tan comunes que están surgiendo múltiples empresas que ofrecen servicios de cobranza para agilizar los pagos del gobierno.

Estas agencias que se anuncian en sitios de Internet y en periódicos, ‘garantizan’ que no se fomenta la corrupción, pero en su mayoría se trata de personas físicas con contactos o que trabajaron en alguno de los tres órdenes de gobierno, detalló Raúl Carbajal, socio director de Carbajal Bermudez.

En una investigación realizada por El Financiero se encontró que existen diversas empresas que cuentan la cobranza a gobierno entre sus servicios. Todas las empresas están dispuestas a cobrar a dependencias municipales, estatales o federales.

Entre ellas están, WNRS, Litis Consorcio, CAFI y Escalante & Cabrales Asociados, las dos primeras cobran deudas mayores a un millón de pesos y las últimas ofrecen cobranza al gobierno, sin hacer públicos los requisitos de la deuda.

WNRS obtiene una comisión de entre 18 y 25 por ciento de la cantidad cobrada, dependiendo de las complicaciones de la deuda. Debido a este sistema, la empresa busca cobrar la máxima cantidad posible e incluso se abstiene de recibir honorarios si no pueden cobrar la deuda de forma satisfactoria.

Esta empresa declaró también que cerca del 40 por ciento de su negocio de cobranza se concentra en deudas gubernamentales.

¿CÓMO FUNCIONA?

El proceso de cobranza es realizado por un equipo de cobradores o uno de negociadores, según la antigüedad de la deuda.

Los negociadores buscan saltar los departamentos tradicionales de pago y acercarse directamente a altos funcionarios de la dependencia deudora.

Este tipo de empresas ‘coyote’ suelen ofrecer menos de un año para la solución del pago.

“Dado que se cumple con un acuerdo el proveedor tiene el derecho de demandar en un tribunal para exigir el pago; por esta vía suelen optar las grandes empresas consolidadas y con mayor solvencia para sobrellevar la falta de pago y contratar el servicio de abogados”, explicó Carbajal.

Pero un proceso de estos suele llevar entre uno a cinco años.

“Dado que las empresas requieren flujo de efectivo, se inclinan por el servicio de cobranza, en el cual el proveedor se puede convertir en participe de actos de corrupción y tráfico de influencias”, agregó.

Un exfuncionario que prefirió el anonimato dijo que en ambos casos (cobranza o juicio) el proceso es difícil, “el tema jurídico se torna político”. Además, en caso de demandar, una sentencia favorable no garantiza el pago al proveedor, pues los gobiernos locales suelen aplazar los pagos hasta las últimas consecuencias, indicó.

Los gobiernos pueden tener atrasos para buscar un beneficio al llegar a un ‘acuerdo’ o por falta de liquidez, especialmente en municipios afectados por altos niveles de deuda.

“No debería existir retraso en el pago por venta o prestación de servicios. Cuando hay contratos con gobierno hay un convenio y generalmente los recursos para el pago ya están aprobados, pero se alargan los plazos para llevar a los proveedores a su límite y que sean ellos mismos quienes busquen ‘negociar’”, apuntó el exfuncionario.

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