CIUDAD DE MÉXICO.- La creación de los fondos del sector energético acelera la implementación de la reforma constitucional en la materia, y es un paso importante hacia la construcción de un nuevo México, más competitivo, con más y mejores empleos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que con ello se amplía el acceso de los mexicanos a una gran variedad de productos y servicios de mejor calidad y a menores precios lo que contribuye a mejorar su bienestar.
En el Informe Semanal de su Vocería, señaló que el gobierno de la República trabaja intensamente en poner las reformas en acción, para que los beneficios de éstas se materialicen en un mayor bienestar para las familias mexicanas.
En particular, con el establecimiento de los fondos del Sector Energético para acelerar la implementación de la reforma energética.
Y es que esta reforma, apuntó la dependencia federal, es la de mayor trascendencia, al representar un cambio de paradigma en el aprovechamiento de los recursos energéticos de la Nación.
En este sentido, el pasado 30 de septiembre se formalizó la creación de diferentes instrumentos financieros para el desarrollo del sector, refirió.
Estos instrumentos permitirán la administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos provenientes de los hidrocarburos; impulsarán proyectos de producción de hidrocarburos, y promoverán el desarrollo de la industria energética nacional.
Asimismo, la participación de la sociedad en las oportunidades del sector, y la electrificación de las zonas rurales y marginadas, puntualizó la dependencia, al hacer una descripción de cada uno de los cuatro fondos recién creados.
Informó que la SHCP, como fideicomitente, suscribió con el Banco de México (Banxico), como fiduciario, el Contrato Constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la nueva Ley de dicho Fondo.
Este fideicomiso es uno de los pilares para la instrumentación de la reforma energética, ya que se encargará de administrar (recibir y distribuir) los ingresos que perciba el Estado (distintos a los impuestos) por la extracción del petróleo y los demás hidrocarburos y de administrar el ahorro de largo plazo, generado por la acumulación de ingresos excedentes.