Apenas el domingo, en medio de los festejos por el triunfo de México frente a Alemania, se difundió la versión de que se había aprobado la privatización de algunas cuencas hidrológicas del país. Pero, ¿qué sucedió?
Para empezar, los decretos firmados el pasado 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto para modificar el status de 295 cuencas hidrológicas en el país sí abren la posibilidad de que el líquido pueda ser utilizado para fines comerciales e industriales.
Eugenio Barrios, director del Programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), organización que asesoró al gobierno mexicano en esta decisión, explicó que del volumen total del líquido que representan estas cuencas, en promedio sólo el 1 por ciento será reservado para consumo humano, cerca del 70 por ciento está destinado para reservas ambientales y el resto, es decir, cerca del 29 por ciento, puede ser utilizado "para los usos contemplados en la Ley (General de Aguas)".
"El volumen (para uso doméstico y urbano) es en promedio alrededor del 1 por ciento de lo que significan los 10 decretos, y el volumen para el ambiente es por arriba del 70. El resto queda libre para otros usos", dijo.
Los decretos cambiaron el status de las cuencas mencionadas de zonas de veda, a zonas de reserva, lo que quiere decir que las cuencas aún están protegidas pero es posible que el agua pueda ser utilizada si es que su aprovechamiento es de "utilidad pública".
"Lo que establece las reservas son las condiciones. Existe todo un marco legal para el otorgamiento de concesiones procedan, deben cumplir una serie de requerimientos. Si se llegan a cumplir los requerimientos, entre los cuales está la conservación de la reserva y de todos los espacios ambientales asociados, podría llegarse a dar", dijo el representante de WWF.
Lo anterior, afirmaron especialistas en temas hídricos, "abre la puerta" para que el agua de las cuencas -de estados como Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Nuevo León- pueda ser utilizada por agentes privados.
"Es abrir la puerta y en las (declaradas) zonas parciales (de reserva) es abrirla de par en par (a las concesiones)", dijo Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El académico afirma que esta decisión se tomó para garantizar el abastecimiento de agua sobre todo a la industria energética y minera. No obstante, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió lo anterior.
En una conferencia que se llevó a cabo este martes, la Conagua negó tajantemente que se privatice el líquido y argumentó que la decisión se tomó para garantizar el acceso al agua para los próximos 50 años. También negó que la actual administración vaya a conceder alguna licitación del líquido para fracking.
Académicos y la organización 'Agua para Todos' han criticado la firma que se llevó a cabo hace más de 10 días por considerarla un paso hacia la privatización del líquido.
"Estamos identificando que alrededor de dos terceras partes del agua contenida en estos decretos no es de uso ambiental, sino que va para el uso público urbano y extractivos, esto beneficiaria a través de los grandes volúmenes a los gobernadores de los estados", dijo Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la organización Agua para Todos.
Para María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Área de Derecho Ambiental, el problema no es la concesión del líquido, sino que no existe un mecanismo para validar qué cantidad de agua es utilizada después de que los permisos son otorgados y para validar que se reserve el porcentaje reservado para las reservas naturales, como el destinado para la Selva Lacandona.