Economía

ATCO detiene construcción de gasoducto en Tula

Diversos grupos promovieron un amparo para frenar la construcción del gasoducto en Tula, Hidalgo, obra que estaba a cargo de la canadiense ATCO y que debió entrar en operación comercial en agosto de 2016  y que aún está sin concluir.
Sergio Meana
13 febrero 2017 23:21 Última actualización 14 febrero 2017 5:5
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El ramal de gas natural que construye Atco, debió entrar en operación comercial en agosto de 2016. (Cuartoscuro)

La construcción de un gasoducto de 17 kilómetros por parte de la canadiense ATCO, que llevaría gas natural a una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tula, Hidalgo, se encuentra detenida por un amparo promovido por grupos sociales, que especialistas califican como “infundamentado”.

Dicha planta sigue generando energía con el uso de combustóleo, el cual la propia CFE ha señalado que cuesta casi seis veces más que el gas natural, mismo que no puede llegar porque el proyecto de ATCO, de 50 millones de dólares, está detenido.

Mauricio Llamas, socio de la práctica ambiental de Jones Day, explicó que por el amparo hay dos riesgos: el posible incumplimiento del contrato ante la CFE, y que no sea financiado el proyecto.

“Hay entonces dos temas importantes de riesgos aquí: el posible incumplimiento por este tipo de litigios y que los bancos no decidan prestarte el dinero por el riesgo ante el inicio del procedimiento por este tipo de litigios. Lo puedes hacer con tu propio dinero, pero es difícil”, indicó Llamas.

FOCOS
El contexto. La Reforma Energética contempla mecanismos de negociación con las comunidades, sin embargo, tramitan amparos que detienen las construcciones.

Se alarga. Abogados estiman que esta situación puede retrasar hasta dos años la terminación de las obras ya comprometidas por contratos.

De interés. Los amparos promovidos por las comunidades reflejan la endeble situación jurídica que afecta no sólo al sector energético, coinciden expertos involucrados.


El ramal de gas natural que construye Atco, debió entrar en operación comercial en agosto de 2016, sin embargo, a la fecha, la obra no está concluida.

Especialistas concluyeron que la duración de este tipo de litigios es de unos dos años.

Jorge Cardoso, del despacho O’Gorman & Hagerman, explicó que el sistema legal de México define que los amparos se dan de inmediato y sin análisis previo, lo que permite a la menor provocación, a comunidades indígenas o terratenientes agrarios presentar un recurso legal y con ello detener inversiones millonarias como la de ATCO.

“No hay manera de mitigar este riesgo. Las empresas ganan proyectos, pero a la primera de cambio les interponen un amparo, les otorgan una suspensión de plano y los proyectos se quedan parados un año. Estos amparos ni siquiera tienen que estar analizados porque la Corte obliga a los jueces de distrito a darlos de inmediato.

“Antes como era el gobierno, CFE o Pemex, los que realizaban estas obras no había tanto problema porque expropiaban y listo, pero ahora que quieren (las autoridades) que sean las empresas privadas se está generando una verdadera controversia”, indicó el especialista.

RIESGO LATENTE
Héctor Garza, socio del despacho Rich Muller y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Energético (AMDE), denunció que particularmente hay tres organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se dedican a boicotear estos proyectos de infraestructura.

El modus operandi de estas asociaciones es obtener el freno legal por cuestiones como falta de comas en las actas de consulta, con lo que el Poder Judicial “regala” el recurso bajo el artículo 126 de la Ley de Amparo, denunció.

Algunos proyectos que han sido afectados por situaciones similares han sido la planta de generación de Comexhidro en Puebla y el de Eólica del Sur en Yucatán.

Otros detenidos por la manifestación de impacto social solicitada por la Secretaría de Energía han sido la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, o el tramo Guanajuato-San Miguel de Allende.

IMPACTO SOCIAL

James Delano, CEO de la firma canadiense en México, aseguró en una entrevista publicada por El Financiero en enero pasado, que ATCO es la primera empresa en trabajar con comunidades indígenas en Canadá para el desarrollo de proyectos del sector energético, y que en México no pueden ser la excepción.