La banca debe fortalecer su marco regulatorio para frenar el robo de identidad, que ha ido en aumento en los últimos años de la mano del uso de más tecnologías para realizar transacciones.
Por ello, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para modificar el Código Penal Federal, la Ley de Sistema de Pagos, la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito, para frenar este ilícito.
La propuesta es de las senadoras Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez, Margarita Flores Sánchez y Óscar Román Rosas, y plantea reformar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emita los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto a la documentación y los mecanismos de autentificación que dichas instituciones deban recabar y validar para la apertura de cuentas.
De manera complementaria, se obliga al Banco de México a que la información que le proporcionen los intermediaros financieros deberá ser documentación validada y autentificada en relación de estos últimos y para ello se propone reformar el artículo 36 de la Ley del Banco de México, que rige a esta autoridad monetaria.
Otro de los cambios propuestos es en el Sistema de Pagos, al que se proponen adicionar dentro de los criterios para determinar quiénes podrán ser participantes, mecanismos de identificación y verificación de la documentación de las instituciones financieras que acrediten la identificación plena de sus clientes.
Recordó que a nivel mundial México ocupa el octavo lugar en robo de identidad.
El 67 por ciento de los casos de robo de identidad se da por la pérdida de documentos; un 63 por ciento por el robo de carteras y portafolios y 53 por ciento ocurre por información tomada directamente de una tarjeta bancaria, según cifras de la Condusef.
De acuerdo al informe Reclamaciones Imputables a un Posible Robo de Identidad 2011-2015 (enero-septiembre), realizado por la Condusef, de las tres millones 827 mil 815 reclamaciones durante el periodo de estudio, dos millones 704 mil 355 se atribuyen a un posible fraude y 72 mil 323 reclamaciones imputables a un posible robo de identidad.