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Si Trump cree que puede escapar con despidos, está equivocado

El despido del director del FBI, James Comey, hace ver al presidente débil y temeroso, lo que mina el Estado de derecho, señala Michael Bloomberg.
Michael Bloomberg
11 mayo 2017 10:38 Última actualización 12 mayo 2017 11:13
Bloomberg.

Bloomberg.

Si el presidente Donald Trump cree que puede escapar por medio de destituciones de la investigación del FBI sobre los vínculos de su campaña con Rusia, está totalmente equivocado… e intentar hacerlo lo hace ver débil y temeroso, debilita el Estado de derecho y reduce las pocas perspectivas que había de legislación bipartidista.

Dados los frecuentes ataques de los demócratas a Trump y el director del FBI James Comey, sólo los republicanos tienen la credibilidad necesaria para contener el daño y salvar a Trump de sí mismo. Ahora deben demostrar que tienen las agallas para hacerlo.

Un memo del Departamento de Justicia que explicaba la razón por la que Trump destituyó a Comey en su mayor parte criticaba la forma en que había manejado la investigación del año pasado sobre el uso de un servidor privado en los correos electrónicos enviados por Hillary Clinton. El memo no es la cuestión.

La cuestión es por qué Trump ahora dice que le parece convincente, cuando sólo repasa argumentos que están dando vueltas desde hace casi un año, y contradice los efusivos elogios que Trump le hizo a Comey el otoño pasado, después de que revelara que la Oficina Federal de Investigaciones estaba revisando correos electrónicos relacionados con Clinton. Después de la elección, y en los meses que pasaron desde su asunción, Trump no dio indicios de que fuera a destituirlo.

¿Qué cambió entonces?

Pues bien, Comey hace poco confirmó que el FBI estaba investigando si allegados a Trump habían actuado en connivencia con Rusia para tratar de influir en la elección.

Los fiscales federales, según se ha informado, emitieron citaciones judiciales del gran jurado en la causa. El exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, declaró que agencias europeas de espionaje habían compartido información sobre interacciones sospechosas entre el equipo de campaña de Trump y agentes rusos. Y así sucesivamente.

Si, en realidad, hay explicaciones inocentes sobre todo lo dicho, Trump nunca ha estado cerca de dar alguna. Insiste, alternadamente, en que el episodio es “un engaño total”, “una patraña total” o “una noticia falsa”.

El problema es que esta noticia supuestamente falsa sigue teniendo consecuencias muy reales. Llevó a la renuncia del director de campaña de Trump, Paul Manafort. Llevó a la remoción del asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Llevó a que tanto el procurador general Jeff Sessions como el representante Devin Nunes se recusaran de realizar investigaciones. Puede que haya sido uno de los factores de la destitución del fiscal de Estados Unidos, Preet Bharara.

Cuando un funcionario ejecutivo electo echa al principal investigador en medio de una pesquisa sobre sus actividades, las implicaciones no pueden pasarse por alto. Esto es particularmente válido cuando la decisión parece haber sido fruto de una maniobra de retroingeniería, como aparentemente ocurre en este caso, en tanto la Casa Blanca hace poco ordenó al Departamento de Justicia redactar un memo que proporcionara una justificación para la destitución.

Remover a Comey por su manejo de la investigación sobre Rusia –que Trump mencionó como algo que no merece consideración en la carta en que anunció la destitución– sería una grave obstrucción a la justicia. En todo caso, es probable que obstruya lo que pueda quedar de la agenda legislativa de Trump.

La reforma tributaria amplia acaba de volverse enormemente más difícil, como sucede con todos los demás desafíos que enfrenta la nación, tanto internacionales como nacionales: infraestructura, atención sanitaria, inmigración, comercio y otros.

O Trump no tiene a su alrededor asesores con la perspectiva y la sabiduría necesarias para convencerlo de desistir de una decisión desafortunada y groseramente incompetente… o no quiso escucharlos. Es difícil decir cuál hipótesis es más inquietante.

Comey era uno de los pocos miembros de alto rango del aparato de seguridad nacional con la independencia y los medios para garantizar que la investigación sobre Rusia siguiera por buen camino. Ahora ha sido destituido, y quienes hablan por Trump insisten en que no hay nada más que decir sobre el asunto. Es “hora de pasar a otra cosa”, dijo su portavoz.

En realidad, es hora de que el Congreso se tome en serio el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. En esto tiene dos responsabilidades inmediatas.

En primer lugar, el Senado debe insistir en que Trump reemplace a Comey con un nuevo director independiente y experimentado, alguien que se comprometa a terminar cualquier investigación sobre el presidente actualmente en curso. Nada de excéntricos, amigos o parientes cercanos.

Es alentador que varios senadores republicanos, como Richard Burr de Carolina del Norte y Bob Corker de Tennessee, hayan indicado que lo entienden.

También deberían evaluar –como parte de su función constitucional de brindar asesoramiento y consentimiento– enviar a Trump una breve lista de dirigentes policiales altamente calificados e independientes e informar a Trump de que cualquier candidato que no figure en la lista será juzgado con el máximo escepticismo.

Como próximo paso, el Congreso debe designar una comisión independiente que investigue la interferencia de Rusia en la elección y cualquier papel que Trump o sus allegados puedan haber tenido en ella. No se debe dejar a los estadounidenses haciéndose preguntas.

Ese panel, organizado según el modelo de la comisión del 11 de septiembre, debería estar facultado para acceder a información confidencial, celebrar audiencias abiertas y ventilar públicamente sus conclusiones. Como el FBI podría quedar bajo el control de un aliado de la Casa Blanca, esto será cada vez más urgente.

Destituir a Comey sin reconocer el evidente conflicto de interés inherente a esa decisión refleja el modus operandi de Trump: negarse a publicar sus declaraciones de impuestos, negarse a distanciarse lo suficiente de sus intereses comerciales, negarse a controlar a familiares que sacan provecho del nombre Trump y sus relaciones.

Cuando los funcionarios electos se niegan a estar sujetos a las prácticas y normas éticas que esperamos de ellos, depende del público –y de sus representantes– pedirles rendición de cuentas. Este es sólo el comienzo.

El autor es empresario y político. Fundador de la empresa de información financiera Bloomberg.

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