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Aprueban en Querétaro desaparición de Junta de Conciliación y Arbitraje

Los diputados queretanos también aprobaron la creación de la figura de la usurpación de identidad. 

QUERÉTARO, Qro.- En sesión de pleno, los diputados de la Legislatura del Estado aprobaron, entre otras cosas, la creación de la figura de la usurpación de identidad y la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo.

En primer lugar, aprobaron el dictamen en torno a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

El diputado Héctor Magaña expresó que con estas reformas a la Constitución Federal se propone que la justicia laboral se imparta por órganos del Poder Judicial de la nación y Poderes Judiciales locales, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo.

"Para que la justicia laboral cumpla con su verdadero propósito de cercanía, de fácil acceso, objetividad, imparcialidad y eficacia, en estricto cumplimiento a los principios de certeza, seguridad jurídica y justicia pronta y expedita, como un verdadero derecho social", afirmó.

Con esto se pretende instaurar una etapa conciliatoria, a fin de que los trabajadores puedan solicitar de manera amigable su conflicto de intereses de manera previa al inicio del proceso y que los nuevos órganos de justicia laboral se concentren únicamente en la atención a las tareas jurisdiccionales.

USURPACIÓN DE IDENTIDAD

También los diputados de Querétaro aprobaron las reformar al Código Penal del Estado de Querétaro, en materia de usurpación de identidad.

Estas reformas tienen como propósito, establecer la figura de usurpación de identidad que se considera "al que por cualquier medio se atribuya o suplante la identidad de una persona, con la finalidad de acceder a recursos, obtener créditos u otros beneficios, cometer conductas delictivas o de lucro o genere un daño patrimonial o moral para sí o para otro". A quien incurra en ese delito se le impondrá una pena de dos a siete años de prisión y de 200 a 500 días multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado".

La diputada Isabel Aguilar Morales expresó que el robo de identidad representa una violación a los derechos de la personalidad y, por ende, a los derechos humanos, además de que causa daños económicos y afecta severamente la reputación de la víctima.

Afirmó que "los daños y perjuicios causados por este delito no se limita únicamente a problemas financieros, sino que puede traer un alto costo en el aspecto personal y sentimental de la víctima, debido a que dejan una sensación de violación a la vida privada".

Señaló que la usurpación de identidad ha crecido exponencialmente y de acuerdo a la Condusef, México ocupa el octavo lugar mundial en robo de identidad y por lo menos 400 mil personas son víctimas de este delito.

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