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Cancún detecta deuda heredada de 2 mil mdp

06 febrero 2014 7:2 Última actualización 16 diciembre 2013 17:58

  [De acuerdo con el alcalde Paul Carrillo, Cancún cuenta con la deuda por anomalías administrativas del gobierno pasado./Cuartoscuro] 


 
Yoisi Moguel

CANCÚN, Quintana Roo.- A poco más de dos meses de haber iniciado la administración municipal 2013-2016, y luego de una evaluación conforme a la Ley, el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) que preside el priista Paul Carrillo de Cáceres denunció al ex alcalde perredista Julián Ricalde Magaña por irregularidades administrativas y por heredarle una deuda de cerca de dos mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el secretario geeneral del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez advirtió que se identificaron anomalías administrativas por un monto de mil 999 millones 127 mil 581 pesos, en deudas de corto y largo plazo, que inclusive pudiera ameritar un seguimiento penal para 12 ex funcionarios de alto rango y 32 directivos de diferentes áreas municipales que están directamente involucrados en la responsabilidad del quebranto.

El secretario General del Ayuntamiento detalló que los pasivos heredados de otras administraciones que se recibieron en el 2005, sumaban 32 millones 077 mil 442 pesos; para el fin del gobierno en el 2008 se incrementaron a 36 millones de pesos; en el 2011, se heredaron 21 millones de pesos, sin embargo, el aumento mayor se dio al final de la administración de Julián Ricalde, al sumar 131 millones 170 mil 046 pesos.

Además, por omisión de la autoridad anterior, el municipio perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos que suman 57 millones 429 mil 247 pesos que pudieron haber sido ejercidos entre agosto y diciembre de este año, dijo.

Sostuvo que para atender el bienestar social de los cancunenses y benitojuarenses se tienen otros 25 millones de pesos más del Fondo Metropolitano, que al no haber sido integrados los proyectos no se realizó el saneamiento del antiguo relleno sanitario, ni la adquisición de equipamiento para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos, como tampoco la segunda fase de la construcción de este mismo.

En materia de recursos federales, subrayó, pese a que están etiquetados de acuerdo a las reglas de operación de cada rubro, se detectó un desvío del Ramo 33 y del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) por 5 millones 712 mil 510.19 pesos, que fueron utilizados indebidamente para la compra de útiles escolares gratuitos, subrayó.

José de la Peña Ruiz agregó que uno de los adeudos más sensibles y que afecta a la fuerza directa que opera el Ayuntamiento, es el fraude en préstamos otorgados a empleados municipales, que acumulan 11 millones 800 mil 002.10 pesos con las empresas Prestaciones FINMART S.A. de C.V., MetLife México, Deutsche Bank México y Deutsche Bank México (Causopago), pese a que en nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores, pero nunca se reportó a las empresas y por ende, les causó un daño patrimonial y negativa calificación crediticia a ellos.

También, la administración de Julián Ricalde dejó de pagar un total de 63 millones de pesos a las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de los residuos sólidos en la ciudad, que son Ecolimpia, Setasa y SAN, lo que derivó un detrimento en dicha prestación y causó molestia de los vecinos en regiones y supermanzanas.

En otro rubro, el análisis profundo de las finanzas del gobierno anterior derivó en detectar la adquisición ficticia de material eléctrico para alumbrado público como transformadores, cables, balastros, luminarias, entre otros, por 9 millones 726 mil 627.44 pesos, que nunca fueron reportados en existencia.

A lo anterior, se suman cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 20 millones de pesos; diferencias en el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de los ejercicios desde el 2010, por 16 millones de pesos; retención del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) por sueldos y salarios, por 88 millones de pesos; finiquitos y liquidaciones pendientes, por 2 millones de pesos; y demandas laborales en proceso, por 107 millones, que sumados a la deuda de proveedores, resultan los más de 667 millones de pesos de adeudo a corto plazo.