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Por fin comienza la redacción de la Ley de Cultura

La iniciativa deberá incluir el derecho a la vida cultural, la vinculación entre educación y cultura, las funciones del INAH y del INBA y mecanismos de financiamiento, anticipan miembros del Consejo Redactor.
Eduardo Bautista
08 enero 2017 22:38 Última actualización 09 enero 2017 5:0
"Urge una política fiscal que promueva el desarrollo de las industrias creativas”, afirma el economista Ernesto Piedras. (Especial)

"Urge una política fiscal que promueva el desarrollo de las industrias creativas”, afirma el economista Ernesto Piedras. (Especial)

Tras un marasmo de borradores e iniciativas congeladas desde hace años, mañana comienzan las mesas de trabajo para redactar la Ley General de Cultura en San Lázaro, una tarea urgente para el sector, que enfrenta un recorte presupuestal del 21 por ciento con respecto al año anterior.

Tres órganos participarán en la elaboración de esta legislación: un Consejo Redactor integrado por 13 especialistas y gestores culturales; un Comité Técnico intersecretarial en el que participarán la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda, y todos los miembros de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, encabezados por el legislador panista Santiago Taboada.

Entre los especialistas que integran el Consejo Redactor figuran Lucina Jiménez, antropóloga y exdirectora del Cenart; Ernesto Piedras, economista experto en industrias creativas; Carlos Villaseñor, presidente del Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo AC, y Alfonso Suárez del Real, diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por Morena.

Según algunos miembros de ese órgano entrevistados por El Financiero, hay cuatro temas que no pueden quedar fuera de la Ley de Cultura, que desde 2004 ha intentado, sin éxito, realizarse: el derecho a la vida cultural de todos los mexicanos, la vinculación entre programas educativos y culturales, las funciones del INAH y del INBA y los mecanismos de financiamiento para los proyectos culturales del país.

“Proponer el acceso a la cultura es un equívoco conceptual: en realidad nadie está fuera de ella. No existe tal cosa como el derecho a la cultura. Existe el derecho a participar y a crear la vida cultural de la nación. Es hora de pensar en el ciudadano como actor y creador de la cultura, no como simple espectador de museo”, observa Lucina Jiménez.

Para lograrlo, señala el diputado Alfonso Suárez del Real, es necesario que los proyectos culturales cuenten con viabilidad financiera, lo que obligará a incluir en la Ley mecanismos propios de financiamiento de la Secretaría de Cultura para la captación de sus ingresos. De esta forma el Ramo 48 dejará de ser apéndice del enorme presupuesto que se le asigna a la educación.

“Aquí podemos recurrir a las fórmulas de coparticipación con la iniciativa privada y al artículo 226 bis de la Ley del ISR (que otorga estímulos fiscales a quienes promueven la producción teatral nacional)”.

NUEVA PERSPECTIVA SOBRE EL DINERO
El economista Ernesto Piedras ve necesario abrir un Capítulo Económico en el que se contemplen los siguientes puntos: la seguridad social para los trabajadores de la cultura, la creación de Pymes culturales, el financiamiento productivo para las empresas del sector y una base de construcción presupuestal propia para la nueva Secretaría.

“Actualmente hay más de 2 millones de personas que trabajan en la cultura, un sector que aporta el 7.4 del PIB, lo cual la convierte en una de las cuatro industrias más importantes del país. Si al petróleo o a la maquila se les da un trato especial, ¿por qué a la cultura no? Urge una política fiscal que promueva el desarrollo de las industrias creativas”, apunta.

Además, asegura que se deben revisar las funciones del INAH y el INBA, pero no para debilitarlas, sino para fortalecerlas. “Lo que se requiere es fortalecer la Ley de Monumentos en materia de sanciones”, acota el diputado de Morena.

La nueva propuesta de Ley tomará en cuenta lo planteado en proyectos anteriores, como el presentado por la diputada panista Margarita Saldaña, en 2013, o la que llevó al Senado la priísta Blanca Alcalá, en 2015, asegura Jiménez.