Esta semana, en Estados Unidos, cientos de inmigrantes y activistas tomaron las calles de decenas de ciudades para decir basta al acoso y hostigamiento, que se ha incrementado desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
En lo que va del año fiscal 2025 en Estados Unidos, la oficina del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a 347 mil 753 personas, con un notable incremento a partir de enero.
Porque una de las promesas que llevó a Donald Trump de nueva cuenta a la Oficina Oval fue la expulsión de inmigrantes no regularizados, a quienes acusa de ser criminales.
Sin embargo, la realidad es diferente. Día tras día, millones de personas —la mayoría latinoamericanos— sostienen al país: limpian casas, cultivan alimentos, cuidan niños y construyen ciudades.
Las cifras del ICE no mienten. De las más de 300 mil personas migrantes detenidas en este año, apenas a poco más de 100 mil se les han podido fincar cargos criminales.
En las protestas que se desataron en Los Ángeles, California, tras operativos del ICE en barrios latinos del este de la ciudad, entre los detenidos había personas sin antecedentes penales, algunas con décadas viviendo en el país. De 100 detenidos el domingo pasado, sólo 4 tenían procesos judiciales, y no eran mexicanos.
Pero la narrativa de la Casa Blanca no sólo estigmatiza y criminaliza, sino que también deshumaniza a los migrantes, advierten especialistas.
Y es justo esto lo que no debemos perder de vista, pues independientemente de su situación legal, los migrantes en Estados Unidos tienen derechos.
Las personas que salieron a protestar no piden caridad, sino justicia: un camino hacia la regularización, el fin de las deportaciones masivas y el reconocimiento pleno de sus derechos humanos. Porque nadie debería temer ser separado de su familia por salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.
Pero el eco de estas reivindicaciones no siempre resuena en Washington. Las leyes migratorias de EU están regidas principalmente por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, modificada en 1986, 1996 y parcialmente después.
No existe hoy un camino claro hacia la ciudadanía para los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven y trabajan en el país.
A esto se suma una creciente colaboración entre policías locales y agentes de ICE, una práctica que convierte infracciones menores —como conducir sin licencia— en rutas directas hacia la deportación. Esta política, criticada por organismos de derechos humanos, rompe el vínculo entre las comunidades y las autoridades locales, socavando la seguridad pública.
Estados Unidos necesita con urgencia una reforma migratoria integral. Una que no solo ordene las fronteras, sino que reconozca la realidad de quienes ya están. Una reforma que ofrezca una vía a la legalización, respete el debido proceso y frene las condiciones inhumanas de detención.
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