El área de inteligencia artificial que avanza rápidamente requerirá un nuevo campo jurídico y nuevas reglamentaciones que rijan a un grupo creciente de empresas involucradas, de acuerdo con Microsoft, que participa desde hace 25 años en investigación en la materia.
Las compañías que fabrican y venden software de inteligencia artificial deberán ser consideradas responsables del potencial daño causado por "prácticas irracionales", por ejemplo, si un programa de automóviles autónomos se instala de una manera insegura que cause lesiones o la muerte, aseguró la compañía.
A medida que la inteligencia artificial y la automatización aumenten, la cantidad de trabajadores en la 'gig-economy' o trabajos por encargo, Microsoft explicó que las tecnológicas deberán asumir la responsabilidad y abogar por protecciones y beneficios para los trabajadores, en lugar de desligarse de la responsabilidad afirmando que es "simplemente la plataforma tecnológica" que permite todo este cambio.
La empresa fundada por Bill Gates aborda estas ideas en un libro de 149 páginas titulado 'The Future Computed', que también será el tema de un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la próxima semana.
A medida que Microsoft, que tiene su sede en Redmond, Washington, busca ser un líder en inteligencia artificial y automatización de tareas laborales, también intenta anticiparse a los desafíos que se prevé surgirán de las nuevas tecnologías prometedoras, como la pérdida de empleos y los ciudadanos comunes que pueden ser lastimados o desfavorecidos por el mal funcionamiento o el sesgo de los algoritmos.
"Estamos tratando de ser perspicaces al hablar de los desafíos", dijo el presidente y director jurídico de Microsoft, Brad Smith, quien participará en el panel de Davos y coescribió la introducción para el libro.
Microsoft está trabajando en algunas de estas áreas a través de grupos como Partnership on AI, que incluye a rivales como Amazon, Google, Apple y Facebook.
Aun así, pedir una mayor regulación en un área emergente como la inteligencia artificial es inusual para las compañías de tecnología, consideró Ryan Calo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington, quien leyó el libro.
"Hay muchos actores en este espacio y si eres Microsoft quieres que te vean como confiable", declaró Calo, quien no ayudó a la compañía en el libro, pero sí la ha asesorado sobre otros temas y cuyo laboratorio es financiado en parte por donaciones de Microsoft.
Cualesquiera que sean las motivaciones de la compañía, el área es importante porque "cualquier tecnología suficientemente transformadora va a requerir nuevas leyes".
Tanto la compañía tecnológica como Calo dicen que el desarrollo de una nueva legislación no es inminente, porque las necesidades específicas todavía están surgiendo.
Durante los próximos dos años, Microsoft planea poner en un código las reglas de ética y diseño de la compañía que rijan su trabajo de inteligencia artificial, utilizando personal de la unidad legal de Smith y de la unidad de inteligencia artificial dirigida por el vicepresidente ejecutivo, Harry Shum.
El desarrollo de las leyes llegará unos años después de eso, aseguró Smith.
En el plazo más cercano, Microsoft aboga por cambios en las leyes laborales para clasificar adecuadamente a los trabajadores y asignar beneficios como cuidado de la salud y planificación para la jubilación a personas con trabajos como un conductor de Uber o un despachador de Postmates.
Smith espera que haya una necesidad de una nueva categoría de trabajadores para cubrir a estos empleados, que no son de jornada completa ni contratistas independientes, precisó.
"La industria de la tecnología necesita participar para cambiar la percepción de que cosecha los beneficios del progreso tecnológico a expensas de los trabajadores que son desplazados o quedan sin protecciones, beneficios o carreras profesionales a largo plazo", escribe la compañía en el libro.
"Las empresas que no reconozcan la importancia de las protecciones y los beneficios para los trabajadores corren el riesgo de dañar sus marcas y enfrentar la posibilidad de que los legisladores y los tribunales intervengan para imponer regulaciones".
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