CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia admitió las cuatro controversias constitucionales interpuestas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en contra de los congresos y los gobernadores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán, por no haber cumplido con los lineamientos establecidos por el Congreso de la Unión en la reforma constitucional en materia educativa y en las leyes secundarias.
La primera de las cuatro controversias constitucional admitida fue en contra del gobernador y el Congreso del estado de Chiapas. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea la aceptó a trámite la tarde del martes y fijó un plazo de 30 días para que el Congreso y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, respondan la demanda.
Zaldívar Lelo de la Rea fue el primero en suscribir el acuerdo de admisión, de los cuatro que fueron designados como instructores en las controversias constitucionales relacionadas con la reforma educativa.
También fue el primero en enviar a la Secretaría de Acuerdos de la Suprema Corte el oficio correspondiente para emplazar a las partes involucradas a responder por escrito lo que a su derecho les convenga, en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de recibir la notificación.
Ayer aparecieron en estrados los acuerdos de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Lelo de la Rea, Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, en la que aceptaron las controversias constitucionales que presentó el Ejecutivo federal en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.
En los últimos tres estados los acuerdos establecen el plazo de 30 días hábiles, a partir de que fueron notificados, para contestar las demandas y esgriman lo que a su conveniencia convenga.
Apenas el lunes pasado el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, admitió a trámite las cuatro controversias, las cuales fueron turnadas, respectivamente, a los ministros mencionados. Se espera que en los próximos días los congresos y los gobernadores respondan las demandas.
En el caso concreto del estado de Oaxaca, que es la única entidad federativa que no ha realizado los cambios a su legislación local en materia educativa y no acató los plazos que fijó el propio Congreso de la Unión, pudiera generar un precedente, pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia podría destituir al gobernador y a los diputados locales y ordenar su consignación penal.