CIUDAD DE MÉXICO. Dirigentes de organizaciones civiles, académicos, analistas, empresarios y ex funcionarios públicos solicitaron al contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, David Manuel Vega Vera, la realización de una auditoría especial para conocer en realidad cuánto gastaron los 16 jefes delegacionales y los 66 diputados locales, en la difusión de sus respectivos informes anuales de actividades y que han generado mucha polémica.
En una conferencia de prensa, María Elena Morera, Ricardo Raphael de la Madrid y Juan Pardinas Carpizo, a nombre de 53 ciudadanos que solicitaron por escrito la aplicación de estas auditorías, ante la falta de transparencia, rendición de cuentas y huecos legislativos, que permiten una discrecionalidad en los gastos públicos.
"Los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones de contribuyentes tenemos el derecho de estar informados respecto del gasto que realizan los jefes delegaciones y diputados, por concepto de comunicación social. Uno de los principales objetivos de la fiscalización es analizar la correspondencia que hay entre lo que se presupuesta y lo que efectivamente se gasta", indicaron.
En la solicitud por escrito de aplicación de auditorías especiales, suscrita por 53 ciudadanos, se explicó que durante el periodo que comprende de 2008 a 2013, el Distrito Federal omitió incorporar al Presupuesto de Egresos el monto asignado a gastos en comunicación social.
"Esto, a pesar de que uno de los principales objetivos de la fiscalización es analizar la correspondencia del gasto ejercido respecto del que se planeó y presupuestó. En esas condiciones, es imposible contar con elementos suficientes para que los ciudadanos del Distrito Federal sepan cuánto y cómo se gastan sus impuestos en esa comunicación social que durante los últimos años se ha incrementado significativamente por parte de jefes delegacionales y legisladores locales", comentó María Elena Morera, quien dijo que no se tiene una idea del monto gastado.
Por su parte, el académico Ricardo Raphael de la Madrid dijo que la falta de transparencia y rendición de cuentas en la autopromoción personal de jefes delegacionales y legisladores federales y locales, principalmente perredistas, obedece en gran parte al retraso en la promulgación de una Ley de Publicidad Gubernamental que ofreció el Presidente Enrique Peña Nieto y que estaría acorde tanto con la legislación electoral como en lo concerniente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Coincidieron en que si el contador de Hacienda no realiza las auditorías, ya solicitaron a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) información sobre los gastos en publicidad y recordaron que los permisos de publicidad para anuncios espectaculares, para vías primarias, las otorga el gobierno del DF, pero para vías secundarias, los jefes delegacionales y si éstos utilizaron para auto promocionarse incurrirían en la comisión de delitos como ejercicio indebido del servicio público. También indicaron que pueden considerarse como actos anticipados de campaña.
Entre la lista de firmantes figuran, entre otros, Ana Laura Magaloni Kerpel, Carlos Elizondo Mayer- Serra, Claudio X. González Guajardo, Denise Dresser Guerra, Elena Azaola Garrido, Ernesto López Portillo Vargas, Federico Reyes Heroles, María Amparo Casar Pérez, Mauricio Merino Huerta, Roy Campos Esquerra y el ex vocero presidencial Rubén Aguilar Valenzuela.
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