CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) un documento, en el que responde a preguntas sobre las reformas estructurales que los obispos del país le presentaron el 2 de mayo.
La Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó el documento a la CEM, mientras que la Presidencia de la República refirió que los prelados formularon interrogantes en torno a las reformas educativa, hacendaria, electoral, energética y de telecomunicaciones.
"Conscientes de que lo manifestado por el Episcopado Mexicano es compartido por millones de ciudadanos, el día de hoy se da respuesta a dichas preguntas", expuso la Presidencia en un comunicado por separado, en el cual aclara que se presenta una versión breve y otra ampliada.
En la primera pregunta el Episcopado pregunta qué garantías hay de que las reformas en materia educativa efectivamente beneficien a los educandos y no se queden en una mera modificación de alcance burocrático.
Al respecto el Ejecutivo federal señala que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México sufre deficiencias en aprovechamiento en matemáticas y comprensión de lectura, además de que hay debilidades en instrucción artística, idiomas y manejo de tecnologías de la información.
De ahí que la reforma educativa incluyera cambios constitucionales y a la Ley General de Educación, creara el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Los objetivos de la reforma son tres: elevar la calidad de la educación, fortalecer la equidad y la inclusión, así como garantizar una mayor participación social en el sistema educativo.
Después precisa ampliamente cada uno, incluyendo la estructura que se tendrá; algunos datos sobre el Censo Educativo, en el que participaron más de 23 millones de alumnos, además del criterio de fortalecer las capacidades técnicas de escuelas y profesores, con medición confiable.
Del Servicio Profesional Docente explica que se trata de un sistema transparente para premiar a los maestros con mejor desempeño y sustituir "anteriores medios discrecionales y opacos de selección y evaluación, por un sistema basado en el mérito".
La inquietud de los obispos sobre la reforma fiscal gira en torno a la justicia, la equidad y le honestidad del sistema, una vez aprobada la propuesta presidencial.
Al respecto, el presidente Peña Nieto sostiene que ese cambio en las leyes "busca aumentar la recaudación y la base de contribuyentes, para incrementar los ingresos del Estado mexicano de forma más justa".
Con los recursos obtenidos y estrictas reglas de transparencia, abunda, se incrementará el gasto en educación, salud y seguridad social para elevar la calidad de vida y reducir la desigualdad, así como en infraestructura para fomentar el crecimiento económico y el empleo.
Con base en cifras tanto generadas por instituciones mexicanas como por comparativos de la OCDE, el mandatario explica que la reforma se diseñó en siete ejes.
Estos son: aumentar la recaudación y garantizar cobro justo de impuestos; incrementar de manera responsable y justa el gasto público, así como ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y la evasión fiscal.
También generar más transparencia y eficiencia en el gasto; simplificar el pago de impuestos; establecer impuestos con responsabilidad social, y finalmente fomentar la economía.
Detalla que México recauda 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de impuestos, mientras América Latina lo hace en 18 por ciento y otros países de la OCDE, en más de 23 por ciento; además el déficit público en 2014 será de 1.4 por ciento, hasta llegar al equilibrio en 2017.
En un tercer tema el documento se refiere a la inquietud del Episcopado respecto a la reforma político-electoral, en específico sobre las garantías de auténtica participación política y democracia real.
El presidente de la República respondió que el objetivo de la reforma es consolidar una democracia de resultados, perfeccionar el régimen político y las reglas electorales, así como garantizar elecciones equitativas, competitivas y transparentes.
Esto incluye tanto la creación del Instituto Nacional Electoral, que organizará también los comicios locales, como la reelección de diputados federales y senadores hasta por 12 años a partir de 2018.
Señala también el cambio de fecha de la toma de posesión del presidente de la República que, a partir del 2024 será el 1 de octubre, en vez del 1 de diciembre de cada seis años.
En lo estrictamente electoral, detalla las reglas para la nulidad de elecciones, las candidaturas independientes, la paridad de género y las reglas para la competencia política-electoral.
Otro punto analizado es la reforma energética, sobre el cual el presidente explica que su espíritu consistió en facilitar a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) la posibilidad de asociarse con otras empresas para explorar nuevas fuentes de hidrocarburos, que cada vez son más difíciles de obtener.
Los objetivos de esta reforma son aumentar la inversión en el sector energético, actualizar la tecnología y elevar la producción; aumentar la producción de gas natural; promover la competencia para bajar los precios de la luz y del gas; aumentar la renta petrolera y aprovecharla mejor.
De igual manera prevé transformar la industria eléctrica para mejorar el servicio, transparentar el sector energético para combatir la corrupción, además de reducir el impacto ambiental de las actividades de explotación de hidrocarburos.
El jefe del estado Mexicano indica en siete puntos los beneficios a futuro de la reforma energética que, con base en cifras tanto nacionales como comparativas con otros países integrantes de la OCDE, se pueden resumir en un criterio de competitividad.
Asimismo se aborda la inquietud de los obispos respecto a la reforma en telecomunicaciones, pues les preocupa la calidad de los contenidos y la privacidad de los ciudadanos.
El sentido general de la reforma fue garantizar más y mejor acceso de todos los ciudadanos a la tecnología y propiciar condiciones de competencia justas en el sector.
Al respecto la reforma consta de seis ejes rectores: emisión de un nuevo marco legal; reglas para la competencia efectiva; fortalecimiento de las instituciones del sector; objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios.
También despliegue de infraestructura, y ampliación de libertad de expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
El presidente Enrique Peña dedica después varias cuartillas a explicar cada uno de los ejes, sin descuidar las condiciones de competencia, la banda ancha y las reglas del juego aplicables a las concesiones de radio y televisión tanto públicas como privadas.
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