La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió dos recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) por los casos de dos detenciones arbitrarias.
Se trata de Marduk Chimalli Hernández Castro, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien estuvo preso injustamente tras ser detenido de manera arbitraria cuando caminaba afuera de su casa, acusado sin fundamentos de robo a transeúnte, así como por el caso de una familia de la delegación Tláhuac que también fue detenida mientras caminaba por la calle tras salir de la feria del pueblo de San Pedro Tláhuac.
Este lunes, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, presentó las recomendaciones 1/2014 y 2/2014 en contra de las dependencias mencionadas, "con la finalidad de evidenciar no sólo las violaciones cometidas en perjuicio de las y los peticionarios, sino paralelamente destacar la necesidad del fortalecimiento de las instancias de gobierno con relación a la prevención, atención y sanción de casos presuntamente violatorios de derechos humanos".
Gómez Gallardo confió en que los puntos de ambas recomendaciones sean aceptados de manera integral y que el daño a las víctimas de ambos expedientes sea reparado, así como que las dependencias actúen en consecuencia para modificar dichas prácticas intimidatorias.
Marduk fue detenido por policías mientras transitaba en compañía de su padre y su madre, en una calle de la colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, por el presunto robo de un celular y un par de anillos, debido a que habían asaltado a alguien cerca de esa zona y él iba vestido de manera similar al asaltante.
En su recomendación de 10 puntos, la CDHDF concluyó que los derechos humanos del joven estudiante fueron violados por los policías preventivos de la SSPDF por detenerlo de manera ilegal e injustificada, mientras que los funcionarios de la PGJDF violaron su derecho al acceso a la justicia y al debido proceso por no investigar de manera adecuada las conductas de las que se le acusaba y sólo tomar en cuenta un testimonio.
La ombudsman recomendó al secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, y al titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, la reparación del daño, ofrecerle tratamiento psicológico especializado con la institución que el joven desee, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio a favor del agraviado y castigar a los elementos que incurrieron en esas faltas.
Además, que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco determine lo que en derecho corresponda, respecto a las imputaciones de robo que obran en contra del agraviado, Marduk Chimalli Hernández Castro, en la averiguación previa que originó la causa penal 63/2013, radicada en el Juzgado Séptimo Penal del Distrito Federal. Esto respecto de la Recomendación 1/2014.
En el caso de la familia de Tláhuac, similar al de Marduk, en el que se determinó que hubo detenciones arbitrarias, uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de víctimas, la CDHDF también recomendó a ambas dependencias reparar el daño, ofrecer apoyo psicológico y realizar un reconocimiento público en favor de los agraviados.
La institución detectó que hubo un daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado por las violaciones a los derechos a la libertad y seguridad personales, así como a la integridad personal y el acceso a la justicia.
El expediente explica que aproximadamente a la una de la mañana del 11 de julio de 2011, Fernando Aranda Escobar, Omar Vázquez Reyes, Josefina Vázquez Reyes, Jorge Escobar Reyes, Isabel Escobar Reyes, Karina de la Paz Guerrero, así como cinco niñas y niños, se encontraban transitando por una de las calles de la Delegación Tláhuac, rumbo a sus domicilios, luego de salir de la feria de San Pedro Tláhuac, cuando fueron detenidos por policías preventivos.
Después de interceptarlos, detuvieron a varios de ellos de manera violenta, supuestamente porque dichas personas eran los responsables del robo y los golpes que minutos antes había recibido una señora denunciante.
En la detención y al ser presentados ante el Ministerio Público, Fernando Aranda Escobar y Omar Vázquez Reyes, fueron golpeados y agredidos verbalmente, incluso al interior de las instalaciones de la agencia ministerial.
Durante la detención no se les informó sobre sus derechos ni sobre el motivo de la misma, dice el expediente, el cual agrega que la agraviada Josefina Vázquez Reyes antes de ser subida a la patrulla, también fue golpeada durante la detención.