CIUDAD DE MÉXICO. A un año de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomara como base de sus protestas la capital del país, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, dio a conocer, a través de un comunicado, su preocupación por el inminente reinicio de los mítines, marchas y cierre de vialidades a partir del primero de mayo.
En el documento establecen que "estas manifestaciones previsiblemente se incrementarán para las tradicionales jornadas de protestas magisteriales que se realizará en calles de nuestra ciudad, en torno a la celebración del día del maestro".
Lamentablemente, indica el comunicado, la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), no ha querido aprobar la Ley de Movilidad Urbana; la cual, le dotaría de herramientas jurídicas y administrativas para que el Gobierno de la Ciudad mejore sus protocolos de acción ante situaciones de bloqueo de vialidades y toma de espacios públicos.
"La Ley de Movilidad Urbana, sigue estando en la congeladora por intereses mezquinos que le dan la espalda a la exigencia ciudadana que demanda su derecho al libre tránsito, trabajo, productividad, seguridad y a que todas las actividades laborales, comerciales, educativas, médicas o sociales sean respetadas", indica el organismo empresarial.
Además, calificaron como reprobable que el Monumento a la Revolución no haya sido liberado por completo del plantón de la CNTE, después de 223 días de ocupación permanente desde el 13 de septiembre hasta el día de hoy. "El gobierno de la ciudad no ha logrado ejercer su completa autoridad para liberar la plaza de la basura, desechos fecales y plagas que rodean el campamento magisterial".
La jornada de protestas magisteriales que se han registrado desde hace meses, han dejado pérdidas económicas por arriba de los mil 900 millones de pesos, por lo que solicitaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la aprobación de la Ley de Movilidad Urbana.
Finalmente, pidieron al Gobierno del Distrito Federal, "mayor energía y voluntad política para contener los efectos negativos de las manifestaciones, y así evitar la percepción de que la ciudadanía debe doblegar sus derechos ante los integrantes de las protestas magisteriales".