CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el pasado lunes la Contraloría General del Distrito Federal dio a conocer una nueva lista de 38 funcionarios y exfuncionarios de Proyecto Metro que serán sancionados por estar involucrados en las irregularidades de la construcción de la Línea 12, este jueves, el contralor Hiram Almeida informó que aún hay investigaciones abiertas en las que se pudieran fincar responsabilidades y sanciones a las empresas constructoras.
Almeida dijo que el mes pasado, la Contraloría recibió estudios de laboratorio sobre la calidad de los materiales usados en la construcción de la Línea Dorada, de los que se podrán derivar acciones legales en contra de las empresas que forman parte del consorcio ICA-Alstom-Carso, sino de las que participaron en otras etapas constructivas o como supervisoras de la obra.
"Todavía hay algunos elementos adicionales que nos permitirán instaurar las acciones procedentes legales en contra de algunas empresas constructoras, pero no sólo en cuanto al consorcio, sino adicionalmente con otras empresas que participaron en ese sentido con algunas otras etapas constructivas o algunos temas de supervisión", dijo el funcionario.
Además, a pregunta expresa, respondió que las responsabilidades del director y exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega y Francisco Bojórquez, respectivamente, aún no han sido descartados de las investigaciones que realiza el órgano de control.
"Todavía estamos integrando nuevas auditorías y probablemente se fijarán nuevas responsabilidades", dijo al respecto.
Agregó que "existe una tercera etapa, que está abierta en la integración de otras audiencias, y seguramente fijaremos nuevas determinaciones y la aplicación de nuevas sanciones".
Almeida detalló que las multas impuestas a los funcionarios y exfuncionarios públicos de Proyecto Metro, que en algunos casos resultan exorbitantes, no significa que con eso se busque el resarcimiento del daño, sino que para recuperar esas cantidades de dinero que representan un daño al patrimonio público, todavía faltan acciones legales por emprender.
"El efecto real (de las multas) no busca en sí el resarcimiento, porque para eso hay otras instancias. Habrá controversias del orden judicial y algunas demandas a las propias empresas y algunos otros mecanismos jurídicos para buscar temas de resarcimiento… Esta es la determinación de sanciones que se fija en relación al daño causado. Y habrá acciones adicionales en busca de la recuperación", dijo el contralor.
"Estamos siendo muy conscientes de que estos actos generaron la realización de pagos y conceptos que permitieron afectar el erario de la ciudad, con nuevas acciones que se sumarán juicios, algunas otras controversias del orden legal, buscaremos los temas resarcitorios, de reparación del daño", insistió.
En la lista dada a conocer el lunes, uno de los exservidores públicos más castigados fue el exdirector de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, a quien se le impusieron cuatro inhabilitaciones y tres multas que suman más de cinco mil 598 millones de pesos, lo que significa la sanción más alta en esta nueva lista.