CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al gobierno de Guerrero y a la Procuraduría General de la República (PGR), adoptar medidas cautelares con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala.
La CNDH pidió a dichas instancias estatal y federal instruir a los encargados de llevar a cabo el levantamiento, identificación, manejo y conservación de cadáveres y hallazgos, ubicados en fosas clandestinas en esa entidad federativa, tomen las medidas para custodiar y preservar debidamente todas las pruebas que recaben.
También, demandó que dichas pruebas, así como el lugar de los hechos, evidencias e indicios que se obtengan en el curso de las investigaciones se protejan y se evite que dicha información sea manipulada, alterada o sustraída.
"Sin prejuzgar por tales acontecimientos, para la CNDH es muy importante que tanto la PGR como la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan adecuadamente a las víctimas, por ello es fundamental que en el momento en que tengan información respecto de la identidad de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como de los avances respecto de las investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno y la asistencia que requieran", indicó en un comunicado.
Al gobierno estatal le solicitó, en particular, garantizar que las investigaciones realizadas en relación con las personas que han sido asesinadas y encontradas en fosas clandestinas en la entidad y permanecen sin ser identificadas, se observen las obligaciones de coordinación con otras autoridades, en términos de lo que establece la Constitución, la Ley y los estándares internacionales en la materia.
La CNDH solicitó estas medidas precautorias por un plazo de 30 días, el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesario. Las autoridades pueden responder al requerimiento en un plazo de dos días contados a partir de su notificación.