CIUAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el miércoles que ha abierto una investigación sobre el enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles en Michoacán que dejó al menos ocho muertos el 6 de enero.
En un comunicado, la Comisión anunció que abrió un expediente en el que solicita información a las autoridades federales y que ha desplazado a un equipo de visitadores de su oficina de Morelia para investigar un tiroteo entre la policía federal y un convoy de antiguos miembros del movimiento de autodefensas en la localidad de Apatzingán. Autoridades de seguridad del estado han dado ya tres versiones diferentes sobre el caso.
Los hechos, rodeados de una gran confusión, se desataron cuando la policía federal desalojó la noche de Reyes Magos la alcaldía de Apatzingán, que permanecía rodeada de civiles que protestaban desde la Navidad por el precio de la luz y por la desmovilización de la Fuerza Rural.
Las autodefensas, que se levantaron en armas contra el cártel de los Caballeros Templarios en 2013 afirman que sin armas, se les ha dejado desprotegidos ante un hipotético regreso del cártel al que expulsaron de Michoacán. Las autoridades señalan que han cumplido su cometido y que algunos de los civiles armados compiten ahora entre sí para ocupar el lugar dejado por el cártel expulsado.
Durante la operación de desalojo de la alcaldía, uno de los ocupantes falleció atropellado por un vehículo mientras huía de fuerzas federales que les arrebataron el control del ayuntamiento. En la operación fueron detenidos 44 hombres a los que se decomisaron armas y vehículos.
Los civiles se reagruparon en una caravana de vehículos y emprendieron una persecución contra un convoy de vehículos policiales. El Comisionado Federal para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ha mostrado vídeos en los que se ve cómo los civiles atacaron a los policías con palos.
Castillo dice que los civiles iban armados. Los civiles lo niegan.
El funcionario dijo inicialmente que las víctimas fueron abatidas por el ejército, y posteriormente declaró que fue la policía federal. La investigación del gobierno se inclina ahora por una tercera versión, que seis de los muertos fueron abatidos por propios compañeros.
Los supervivientes del convoy afirman, por el contrario, que sus compañeros fueron ejecutados por la policía.