VILLAHERMOSA.- La vida de los pobladores de ocho comunidades indígenas chontales del municipio de Nacajuca, cambió radicalmente a raíz del incendio del pozo Terra 123, en octubre pasado. Además de la zozobra constante con la que viven, sufren en la actualidad de afectaciones a sus viviendas, a cultivos, la muerte de sus animales de cría, falta de alimento e insumos, así como problemas de salud.
El municipio de Nacajuca se ubica en la región de La Chontalpa y, de acuerdo al censo más reciente, cuenta con una población indígena chontalde alrededor de 15 mil habitantes que se distribuyen en Tucta, Tapotzingo, Mazateupa, Guaytalpa, Tecoluta, Guatacalca, Olcuatitán y Oxiacaque, lugar donde se ubica el pozo Terra 123.
En un recorrido realizado por la zona se pudo constatar que la mayor parte de la gente ha emigrado hacia la zona urbana debido a la precariedad que prevalece en su lugar de origen y a que poco a poco van perdiendo la esperanza de recuperar sus riquezas naturales.
El pozo Terra 123, ubicado en el campo Sen, se incendió el 27 de octubre del año próximo pasado y permaneció en llamas durante 55 días en los cuales según cálculos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se quemaron unos mil barriles de crudo y 300 mil pies cúbicos de gas por día. El siniestro se derivó de una fuga de petróleo ubicada a 5 mil 100 metros de profundidad.
En aquél momento el entonces director de Pemex Exploración y Producción (PEP) región sur, Carlos Morales Gil, aseguró que la paraestatal no pagaría ni un centavo a los habitantes de las 25 comunidades aledañas a los pozos Terra 123 y Tizón 222 "porque no existía daño evidente", aunque se dijo dispuesto a apoyar en el desarrollo social de las mismas.
Ante ello, los pobladores iniciaron en el mes de diciembre una serie de manifestaciones como medida de presión para lograr un acuerdo satisfactorio entre el gobierno del Estado y Pemex que les pudiera resarcir el daño, toda vez que quedaron sin poder sembrar o pescar pues el suelo y el agua fueron contaminados con desechos tóxicos que emitió el incendio.
Dentro de sus movilizaciones determinaron bloquear la carretera Arroyo-Oxiacaque- Villahermosa, a la altura del Poblado Guatacalca, para impedir el tránsito de maquinaria pesada de la paraestatal y compañías filiales y los accesos a los campos Navegante, Terra y Oxiacaque en demanda del pago de indemnizaciones.
En entrevista, el ex delegado del poblado Olcuatitán, Moisés Pérez Osorio, señaló que la estrategia tanto de Pemex como del propio gobierno estatal es beneficiar a unos cuantos a través de una lista elaborada ex profeso, para provocar un enfrentamiento entre los propios habitantes de zonas contrarias y así poder acabar con los bloqueos.
A su vez, la lideresa de Mazateupa, Rosario Córdova Bernardo, comentó que más que presionar a Pemex, los bloqueos significan un perjuicio para la misma población pues no pueden trasladarse fácilmente a la ciudad a trabajar o a adquirir víveres.
Entre las peticiones de los pobladores se encuentran: implementar un programa de empleo emergente, proyectos productivos, reparación de daños a viviendas, obras de infraestructura para las comunidades afectadas, entre otras cosas.
EL PROBLEMA CRECE
"Ante la cerrazón de Pemex y la indiferencia del gobierno", se reunieron 75 delegados de igual número de comunidades afectadas de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez, "para analizar el camino a seguir".
El delegado de la comunidad indígena Vainilla, del municipio de Nacajuca, Eusebio Frías López, en rueda de prensa acompañado por otros representantes de poblados no descartó reiniciar los bloqueos de acceso a pozos petroleros y caminos, así como a las principales avenidas de entrada a ambas cabeceras municipales, "porque ya estamos cansados de mentiras".
"Somos más de 19 mil afectados por el trabajo de perforación de PEMEX; y no dudamos que regresemos a los bloqueos de pozos, pero eso lo tendremos que ver en asamblea comunitaria", apuntó.
Añadió que la población de los municipios afectados por la actividad de PEMEX, está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias, a fin de lograr que la paraestatal pague los daños por los derrames petroleros a predios, mantos acuíferos, y las múltiples enfermedades que ha provocado a los moradores, sobre todo en las vías respiratorias.
En tanto, el gobierno del Estado pide que no se politice la situación pues los beneficios se canalizarán hacia los poblados más cercanos en los cuales se determine algún tipo de afectación, de acuerdo a una investigación que se encuentran realizando expertos en materia ambiental de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
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