Sociedad

AI, preocupada por aplicación de ley antimarchas

El organismo consideró especialmente preocupante el caso de Quintana Roo pues la medida ya fue aprobada el 25 de marzo y sólo falta la ratificación por parte del gobierno estatal para que entre en vigor.

CANCÚN. Amnistía Internacional (AI) México, consideró que las propuestas de Ley para regular manifestaciones públicas, que presentaron los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal, son confusas y emplean terminología ambigua, por lo que atentan contra el derecho de libertad de expresión y asociación establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos.

El organismo consideró especialmente preocupante el caso de la Ley de Cultura Cívica del estado de Quintana Roo, pues se aprobó el 25 de marzo pasado, y sólo falta la ratificación por parte del gobierno estatal para que entre en vigor.

A través de un comunicado, el organismo manifestó su preocupación ante las propuestas, pues limitan las manifestaciones legítimas, a las que tienen un objetivo conforme con "las buenas costumbres". El "aviso" requerido "en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios".

Asimismo, añadió que las iniciativas imponen lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad y podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en los que solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática".

La organización llamo a las autoridades de Quintana Roo a no ratificar la Ley de Cultura Cívica mientras ésta no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Así mismo, instó a los legisladores a asegurarse de que durante las discusiones en torno a estas iniciativas, se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los mismos.

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