CIUDAD DE MÉXICO. Ingrid Tapia, especialista de Think Action Development (TAD México), señaló que las estadísticas sobre aborto, no sólo muestran el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino que el Estado no ofrece a las mujeres embarazadas políticas públicas que eviten la maternidad en desamparo.
Y es que desde la despenalización del aborto inducido en la Ciudad de México en 2007, el número de procedimientos realizados en el sector público se cuadriplicó pasando de 4 mil 799 a 20 mil 687 en 2013.
"No puede haber libre elección cuando la única opción es abortar. Sin apoyo y en gestación, muchas de las mujeres toman decisiones desesperadas que luego lamentan", señaló.
En conferencia de prensa, la abogada destacó la necesidad de impulsar políticas públicas que contrarresten los embarazos no deseados "más allá del uso de condones o de la píldora del día siguiente", además de destinar un presupuesto a mujeres embarazadas en condiciones de desamparo.
"Que las madres que decidan tener a sus hijos se vean apoyadas con becas para seguir estudiando, con guarderías, acceso a la seguridad social y apoyo económico para sacarlos adelante".
Mary Carmen Viniegra, directora de Vifac, refirió que otra alternativa para las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado es dar en adopción, aunque señaló que de acuerdo con estadísticas propias de la asociación un porcentaje importante finalmente decide criarlos no importando sus condiciones de desventaja.
"De aproximadamente 20 mil mujeres que son atendidas al año en las 24 casas de Vifac que existen en el país, 50 por ciento llega a la adopción y 15.6 por ciento decide tener a sus hijos y seguir la vida".
Ingrid Tapia, Mary Carmen Viniegra y Himilce Eichelmann, directora de la asociación Yoliguani, coincidieron en señalar en que el tema de embarazos no deseados no tiene que ver con la pobreza, sino con educación, por lo que apuntaron necesario establecer políticas públicas que impulsen un cambio de mentalidad hacia una maternidad y paternidad responsable.