Sociedad

A prisión, dos exfuncionarios de Reynoso Femat

Por los delitos de peculado y uso indebido de funciones, dos exfuncionarios del Instituto de Salud de Aguascalientes durante el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, fueron condenados a más de ocho años de prisión. 

AGUASCALIENTES.- Dos exfuncionarios del Instituto de Salud de Aguascalientes durante la gestión del gobernador Luis Armando Reynoso Femat fueron sentenciados a más de ocho años de prisión tras comprobárseles los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública.

Ventura Vilchis Huerta y Gilberto Delgadillo, extitular del Instituto de Salud estatal, así como el de Administración, respectivamente, están implicados en la compra "fantasma" de un tomógrafo que costó al erario público casi 14 millones de pesos y los cuales, según declaraciones de varios de los acusados, fueron utilizados para sobornar a diputados federales.

Esta irregularidad fue la que detonó el proceso penal que se sigue al exgobernador Reynoso Femat y por el que se le giró la primera orden de aprehensión, tras la detención de los dos exfuncionarios citados, en agosto de 2012.

Vilchis Huerta salió libre bajo fianza, mientras que Gilberto Delgadillo ha estado en prisión desde esa fecha.

La sentencia, confirmada este martes por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, condena también a cada uno a pagar la mitad del costo del tomógrafo y una multa de 300 mil pesos.

La resolución judicial se da a prácticamente a una semana de que otros exfuncionarios –menores- de las secretarías de Gestión e Innovación, Finanzas y Desarrollo Económico -Jaime Santos Landín, David Cisneros Castro y Miguel Marín Bosque- obtuvieron un amparo y auto de libertad girada por el juez tercero de lo penal, Yuri Berthaud Reyes, aunque el proceso en su contra sigue vigente.

Los tres están implicados en el caso de la donación ilegal de terrenos, durante la administración luisarmandista, al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) región centro, la cual, según el juez de la causa "sirvió de mascarada para donar otros terrenos a empresas que perseguían fines particulares".

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