CIUDAD DE MÉXICO. Las áreas jurídicas del Senado de la República definirán en los próximos días si el litigio entre ese órgano legislativo con la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, encargada de construir la sede de Paseo de la Reforma e Insurgentes, se dirimirá por medio de un juicio o de un arbitraje, indicó el presidente de la Cámara alta, Raúl Cervantes Andrade.
Luego de que ha transcurrido un año y medio de que esa constructora todavía no ha concluido el proceso de entrega-recepción del recinto senatorial, que fue inaugurado oficialmente el 13 de abril de 2011, el senador priista subrayó que este litigio se hará con total transparencia, principalmente en el tema de los recursos públicos que se utilizaron para la construcción del edificio.
El congresista del tricolor detalló que el acuerdo para iniciar este proceso jurídico se tomó entre la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, que preside el panista Jorge Luis Preciado.
En ese sentido, explicó que ambos órganos de gobierno determinaron que el asunto lo lleven las áreas jurídicas del Senado, así como dos despachos de abogados, uno con experiencia en el tema de contratación y obra pública, y otro en el litigio en materia mercantil y bancaria.
Cervantes Andrade apuntó que la decisión se tomó porque "hay un fideicomiso y Comité Técnico, fue el que tomó todas las decisiones sobre la sede".
El 6 de agosto de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación pública para la construcción de la nueve sede de la Cámara de Senadores.
Las empresas que adquirieron las bases para el concurso fueron Consorcio Aristos, Promotora y Desarrolladora Mexicana; GAMI Ingeniería e Instalaciones, Ingenieros Civiles Asociados, Gutsa Infraestructura, Grupo Tradeco, Grupo Mexicano de Desarrollo, Coconal, y Siemens.
La empresa ganadora fue GAMI Ingeniería e Instalaciones por un importe de mil 699 millones 600 mil pesos, aunque en la inauguración del recinto senatorial esa cantidad se había elevado a más de dos mil millones de pesos.
Para el 12 de septiembre de 2013, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, informó que el Senado de la República ya no iba a entregar "ni un peso más que no esté justificado" a la constructora GAMI.
Criticó que entre lo que había entregado la empresa y el precio original del inmueble había una diferencia de casi 250 millones de pesos, y lamentó que todavía hay áreas del recinto legislativo que no están funcionando. En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta señaló que hasta el momento se habían contabilizado más de 400 incumplimientos de distinta índole por parte de la empresa constructora.