ONG piden desechar iniciativa de reforma al Artículo 1
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ONG piden desechar iniciativa de reforma al Artículo 1

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Política

ONG piden desechar iniciativa de reforma al Artículo 1

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22/01/2013
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Notimex
 
Representantes de por lo menos 75 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, pidieron a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechar la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución.
 
Publicada el pasado 3 de enero en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta promovida por el diputado del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, busca modificar el segundo párrafo del primer precepto constitucional en materia de derechos humanos.
 
En conferencia de prensa, representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, rechazaron la iniciativa al considerar que es incompatible con la reforma publicada el 10 de junio de 2011.
 
Mencionaron que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos eleva a rango constitucional las normas contenidas en tratados internacionales, además de incluirse el principio de interpretación pro personae, "un motivo de orgullo y la vanguardia de México".
 
Mediante una carta dirigida a los legisladores, indicaron que "el riesgo" de demasiada interpretación en perjuicio del principio de seguridad jurídica garantizado en la propia Constitución "es falso", ya que este fue solucionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, conocido como "caso Radilla".
 
Señalaron también que contrario a lo que señala la iniciativa, el principio de supremacía constitucional continúa prevaleciendo en la reforma al Artículo 1, ya que en la Constitución permanecen las condiciones bajo las que una norma internacional de derechos humanos queda incorporada al orden jurídico nacional.
 
"Cabe señalar que la justificación del caos en materia judicial resulta un falso planteamiento, ya que el Senado de la República tiene la facultad constitucional de analizar todos los tratados que el Presidente de la República pone a su disposición", refirieron en la misiva.
 
Así, apuntaron, existen dos filtros que reducen el riesgo de la firma de un tratado internacional incompatible con la Constitución, ya que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo a través del Senado, cuentan con expertos en derecho internacional en materia de derechos humanos.
 
Los firmantes de la carta solicitaron que además de que se deseche la iniciativa de reforma, se reorienten los esfuerzos legislativos para profundizar y ampliar los derechos en la materia.