CIUDAD DE MÉXICO. El plazo para entregar las firmas que respalden la solicitud de una consulta popular terminó y en conjunto, fueron entregadas aproximadamente 15 millones 312 mil rúbricas, equivalentes al 18 por ciento del total del Padrón Electoral vigente, estimado en 84 millones de electores. Las firmas deberán ser avaladas por el INE.
El partido que reunió más rúbricas fue el PRI, que en total ingresó 6 millones 100 mil para avalar su consulta sobre la eliminación de 100 diputaciones y 32 senadurías plurinominales en el Congreso.
Los perredistas se colocaron en segundo lugar, con poco más de 4 millones de firmas recabadas; 2 millones 300 mil entregadas el pasado 3 de septiembre ante el Senado y un millón 700 mil rúbricas que el PRD entregó el 3 de diciembre de 2013, para validar la consulta sobre la reforma energética.
Morena sumó 2 millones 712 mil firmas, también para respaldar su consulta sobre la reforma energética. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien entregó los paquetes en el Senado, sin cumplir con el protocolo. Por lo que el presidente de la Cámara alta, el perredista Miguel Barbosa, no fue quien las recibió, sino Arturo Garita, secretario de Asuntos Parlamentarios.
Fue el PAN el que reunió la menor cantidad de firmas, al presentar 2 millones 500 mil en San Lázaro para solicitar una consulta ciudadana en favor de elevar el salario mínimo.
La suma de las firmas presentadas por los cuatro partidos da un total aproximado de 15 millones 312 mil 285.
Ahora, el INE contará con un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remita la Cámara, para constatar que los ciudadanos aparezcan en la lista de electores.
Si el respaldo presentado por los partidos rebasa en 20 por ciento el número de ciudadanos duplicados, se excluirá este porcentaje de firmas y se agregará a la primera consulta que se haya presentado ante el Instituto.
Al aprobar los criterios que el Registro Federal de Electores empleará para corroborar la autenticidad de las firmas, el Consejo General estableció que quien proporcione datos falsos o nombres incompletos estarán considerados como fuera del Padrón Electoral.
Después de ser validadas, pasarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra.