CIUDAD DE MÉXICO. Legisladores de todos los partidos políticos llamaron al Ejecutivo federal a superar el "inmovilismo gubernamental" y a combatir la "crisis institucional" que se vive en el país, derivada de la "actuación ilícita e irregular" de cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, a fin de que la percepción de la gente no sea que los gobiernos no están haciendo nada".
Así lo afirmó el diputado federal priista por Jalisco, Abel Octavio Salgado Peña, secretario de la Comisión de Gobernación, quien destacó la urgencia de "aplicar sanciones ejemplares" en casos como el de Iguala y castigar con todo el peso de la ley al exalcalde José Luis Abarca y fincar responsabilidades al gobierno estatal de Guerrero.
El panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, exigió "una actuación tajante e inmediata ya del Ejecutivo federal para aplicar sanciones por las omisiones de los responsables jerárquicos de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad para proteger a los estudiantes en Guerrero.
"Urge un gobierno fuerte, salir del pasmo y que haga sentir su presencia, la ley y el Estado de Derecho en toda la República", pidió.
Desde la izquierda, el vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano en San Lázarlo, Ricardo Mejía Berdeja, lamentó que "resulta sumamente preocupante y desalentador que cada día que pasa estemos conociendo de más casos donde elementos de la policía municipal en diferentes regiones están al servicio de grupos criminales, lo cual expone la grave situación por la que atraviesa nuestro país, consecuencia de una severa crisis institucional".
Reclamó que "no se puede seguir permitiendo que una de las características comunes en casos como el de San Fernando o lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, sea la complicidad de los policías con las organizaciones criminales y, mucho menos, que a la fecha nadie haya sido señalado como el responsable de estos hechos y que continúe el inmovilismo en los gobiernos".
Recordó desde la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; la localización de las fosas con casi 200 cadáveres en 2011; la encontrada en Cadereyta, Nuevo León, en 212, con 49 cadáveres; las decenas de fosas que se han encontrado en Iguala y Cocula en Guerrero, "lo cual ha avivado las interrogantes sobre el número de matanzas masivas en el país y la falta de respuestas por parte del Estado mexicano".
El diputado federal del PRI, José Isidro Moreno Arcega, del Estado de México, e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, planteó que "antes que reclamar justicia, los partidos de izquierda deben admitir su responsabilidad en hechos violentos en Guerrero, Morelos, DF, Tabasco por el desgobierno que hay en esas entidades que gobiernan y por su pasividad ante el incremento de la violencia".
José Angel Ávila Pérez, diputado del PRD y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, planteó que "los gobiernos le apuestan todo al olvido, a la no actuación y a evadir responsabilidades por temor a la aplicación de la ley".
Lo anterior -advirtió- "dennota un gobierno débil, que no sabe que hacer, el caos y el desgobierno".