La IP objeta reforma a la Ley de Amparo
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La IP objeta reforma a la Ley de Amparo

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Política

La IP objeta reforma a la Ley de Amparo

12/02/2013
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Isabel Becerril
 
El sector privado consideró inadmisible que se apruebe la reforma a la Ley de Amparo, en los términos en que está redactada, ya que vulneraría la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas en México, provocaría la quiebra de empresas y afectaría la creación de empleos.
 
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que el efecto sería muy grave en sectores productivos que contribuyen con casi una quinta parte de la actividad económica, entre los que se encuentran el aerotransporte, el financiero, el de telecomunicaciones y la minería.
 
Al fijar ayer la postura de la iniciativa privada (IP) frente a los cambios que se pretenden realizar a esa ley, el dirigente empresarial convocó a los legisladores y al gobierno federal para combatir juntos "los abusos sin suprimir derechos constitucionales".
 
La nueva Ley de Amparo que se busca aprobar, añadió, contiene disposiciones que repercutirían de manera grave en los derechos de los ciudadanos y en 17.3% de los sectores productivos cuya generación de empleo es elevada. Acompañado de Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), y de Vicente Yáñez Solloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), subrayó que una ley no puede ir más allá de la Constitución.
 
La regresión, un riesgo
 
Los cambios, aseveró, constituyen una clara regresión a los avances que se tuvieron en la reforma constitucional de 2011 y contradicen el propósito de ampliar y actualizar los derechos de los mexicanos.
 
Por ello, exhortó a los legisladores a que no socaven al amparo y a la certidumbre jurídica en México.
 
El líder de la cúpula empresarial pidió a los diputados que antes de aprobar el dictamen de la Ley de Amparo, analicen y tomen en cuenta las redacciones alternas que les presentó el sector privado sobre los artículos de esta iniciativa en los que no está de acuerdo.
 
Anotó que en la redacción de la ley, en particular en el artículo 129, en sus fracciones XI —relacionada con entidades financieras— y XIII —referente a concesiones de bienes de dominio de la nación—, obstaculiza la suspensión, herramienta fundamental con la que se cuenta en México para hacer efectiva la justicia.
 
Gutiérrez Candiani explicó que un amparo sin suspensión no es una protección efectiva, porque permite que se prolongue la violación de derechos durante toda la vida del juicio y, en ocasiones, que el daño se haga irreparable.
 
Manifestó que un acto de autoridad arbitrario, con base en los cambios que se proponen, puede provocar la quiebra de una empresa o de cualquier individuo antes de que la autoridad judicial determine el fondo del asunto.
 
Piso parejo
 
La suspensión es un acto protegido por la Constitución y los tratados internacionales aplicables, particularmente el Pacto de San José, por lo que no puede ser un derecho que se otorgue a unos y se les niegue a otros, acotó.
 
El dirigente del CCE precisó que la reforma en este aspecto atentaría contra la división de poderes, ya que eliminaría en algunos casos la facultad del Poder Judicial de revisar los actos del Ejecutivo.
 
También resulta preocupante la redacción propuesta para el artículo 5, según el cual, para efectos de amparos los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la propia autoridad.