José Antonio Gurrea C.
Si realmente el presidente Enrique Peña Nieto quiere pasar como estadista y no como un político más deberá asumir el costo político y abrir líneas de investigación patrimoniales con base en la información privilegiada con que cuenta Miguel Ángel Treviño Morales, el líder de los Zetas capturado durante la madrugada del lunes.
Así lo señaló a El Financiero Edgardo Buscagliav, presidente del Instituto de Acción Ciudadana e investigador de la Universidad de Columbia, quien agregó que de esta manera se podría comenzar a dar un proceso que derive en un desmantelamiento patrimonial de las empresas vinculadas al crimen organizado, "que sea genuino, esto es que les quite los activos criminales escondidos en la economía legal".
Dijo que, por supuesto, se trataría de una compleja operación donde exista una coordinación internacional de alto nivel, debido a las estrechas alianzas estratégicas de los Zetas con organizaciones criminales de numerosos países, como la Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia.
Al respecto, sostuvo que una investigación patrimonial permitiría el desmantelamiento de empresas de construcción, fábricas de químicos, mineras, compañías de transporte, o incluso grandes hoteles y cadenas de restaurantes que se encuentran vinculadas con los Zetas, y que están establecidas en la economía legal de varias naciones.
El también catedrático de la UNAM dijo que sólo de esta manera podría ir disminuyendo la intensidad de los al menos 22 delitos económicos que maneja la delincuencia organizada, entre los que destacan narcotráfico, pero también trata de personas, extorsión, secuestro, pornografía, tráfico de armas y de indocumentados, así como lavado patrimonial.
Costos políticos
Lamentó, sin embargo, que el Estado mexicano nunca se ha caracterizado por abrir investigaciones patrimoniales debido al alto costo político que ello implica.
"De entrada, conocer la información integral de este grupo criminal permitiría saber a detalle los pormenores del financiamiento ilegal de las campañas políticas. Habrá que ver, entonces, si el presidente Peña Nieto asume el costo político y actúa como un verdadero estadista, pues llevar a cabo este tipo de acciones le traerá beneficios políticos a mediano y largo plazo."
Por el contrario, el experto destacó que si no existe la voluntad política presidencial de ir a fondo, la captura de Treviño Morales quedará como una más de las típicas detenciones realizadas durante el sexenio de Felipe Calderón; es decir, no tendrá ningún efecto y continuará la pesadilla de violencia y desintegración social que vive México.
Ejemplificó con el caso de Colombia, donde refirió que de 2003 a 2009, mediante una política de desmantelamiento patrimonial masivo, el Estado colombiano decomisó el equivalente a 11,000 millones de dólares de activos criminales escondidos en la economía legal.
En casos como el del país sudamericano, añadió, los grupos criminales ven sus patrimonios disminuidos y ya no pueden financiar en la misma proporción la violencia organizada y la corrupción al más alto nivel.
"Hay que recordar que el fin último de toda empresa criminal es obtener retornos económicos 'legalizados', y no generar guerras que le son muy costosas.
"Sobre el futuro de Treviño Morales, Buscaglia dijo que es muy posible que el capo sea extraditado a Estados Unidos, y México se deshaga así de "esta papa caliente". Para el especialista se trata de una salida lógica, de una válvula de escape para un sistema de justicia colapsado.
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