CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia política-electoral.
Entre los cambios constitucionales en materia política-electoral destacan que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Este organismo estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley.
Además, se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
El decreto establece además que en materia de reelección legislativa los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.
La reforma indica que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 Constitucional. Se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta del Presidente de la República.
En dicho caso el Congreso de la Unión se reunirá a partir del 1 de agosto, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo ordinario de sesiones.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, se precisa, el presidente de la República presentará ante el Senado, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
Otro punto es el referente al gobierno de coalición en el que se contempla que el presidente podrá optar por un gobierno de este tipo con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Este gobierno se regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría del Senado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
En caso de que el presidente opte por un gobierno de coalición, la Cámara de Diputados ratificará los nombramientos de los secretarios de Estado, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules generales.
Así como de los empleados superiores del ramo de Relaciones, los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.
El documento publicado este lunes refiere que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, con lo que la PGR se transforma en esta fiscalía.
Cabe recordar que el pasado 22 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional de la reforma político-electoral, luego de que fue aprobada por la mayoría de los congresos locales