CIUDAD DE MÉXICO. Para evitar el uso del Servicio Exterior Mexicano como el "tiradero, refugio, chambismo, amiguismo, compadrazgo y agencia de colocaciones de los políticos", el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley para establecer requisitos mínimos para ingresar al servicio diplomático y consular.
Con la unanimidad de 376 votos a favor, los legisladores aprobaron reformas al Artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a efecto de establecer como parte de los requisitos que deberán cumplir los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular los siguientes:
-Tener por el grado académico de licenciatura por una universidad o institución de enseñanza superior mexicana o extranjera, con reconocimiento de validez oficial.
-Conocimientos de la operación del Servicio Exterior Mexicano.
-Acreditar los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior.
El dictamen –elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Eloy Cantú Segovia– argumenta que "se han aprobado importantes reformas constitucionales en materias vinculadas a derechos humanos, incluidos los de naturaleza político-electoral, sistema de justicia, educación, transparencia y derecho a la información, entre otros, que continúan la nueva concepción constitucional de los derechos humanos iniciada en México con las trascendentes reformas constitucionales de 2011".
Ello obliga a perfeccionar "los medios de selección y formación de las personas que aspiran a incorporarse al servicio diplomático".
Incluso aclara que se mejorarán estándares de preparación de los estudiantes que reciben actualmente enseñanza en las instancias correspondientes, como es el caso del Instituto Matías Romero.
Además destaca que la propia ley impone especiales atribuciones del Servicio Exterior en la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero:
-Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones.
En tal virtud, los legisladores consideraron procedente "reforzar estas funciones y la formación del personal diplomático con un ordenamiento legal expreso, en el sentido de que se acrediten los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente los relativos a la protección de los mexicanos en el exterior".
Como ejemplo, se plantea que la Cancillería "debe garantizar a los mexicanos detenidos en el extranjero que tendrán una debida defensa y protección de sus derechos humanos".
En este sentido, menciona que de acuerdo con un informe del Centro de Información de Pena Capital, hay 57 mexicanos condenados a pena de muerte en las cárceles norteamericanas, de los cuales al menos 47 sufrieron faltas o violaciones al debido proceso afectando gravemente sus derechos fundamentales.
El dictamen se turnó al Senado para su aprobación.