Política

Comisión aprueba ley de consulta popular

El dictamen se enviará de inmediato a la Mesa Directiva para que agende su presentación en la próxima sesión del pleno programada para este jueves a las 11:00 horas.

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en reunión extraordinaria el dictamen de la minuta de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, sin cambios y con la oposición de diputados de izquierda.

Después de discutir por casi dos horas, los diputados del PRI, PAN y algunos del PRD avalaron el dictamen con 19 votos en favor y cuatro en contra.

El presidente en turno de la comisión, el priista Faustino Félix Chávez, señaló que el dictamen se enviaría de inmediato a la Mesa Directiva para que agende su presentación en la próxima sesión del pleno programada para este jueves a las 11:00 horas.

Así se presentará, discutirá y votará esta minuta que envió el Senado con cambios a la Cámara de Diputados, y que fue bajada de la Orden del Día de la sesión de los diputados para mandarla a la Comisión de Gobernación.

La minuta llegó la semana pasada a San Lázaro y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política sería debatida y votada en la sesión de este miércoles, pero diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano hicieron el intento de tomar la tribuna si no se mandaba a comisiones para su dictaminación.

Lo anterior porque, a su juicio, violentaba el proceso legislativo correspondiente, por lo que el Pleno accedió a mandarla a la Comisión de Gobernación pero también aprobó la solicitud de reunión extraordinaria para las 18:00 horas para cumplir con el trámite.

En la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT; José Ángel Ávila, del PRD, y Arturo Durazo, de Movimiento Ciudadano, insistieron en que se quiso dar un albazo con esta minuta.

Los diputados perredistas que posicionaron en pro del dictamen fueron Amalia García y Fernando Belaunzarán, quienes señalaron la falta de cumplimiento del reglamento pero opinaron que era urgente aprobar esta ley reglamentaria del Artículo 35 de la Constitución.

La diputada Amalia García -aun sin ser miembro de la comisión, ya que puede opinar pero no tiene derecho a voto- argumentó que esta legislación cumple con el espíritu de la reforma constitucional y representa un avance.

Por su parte Fernando Belaunzarán dijo que ya no se puede retrasar más esta legislación, pues de acuerdo con lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de consulta ciudadana en agosto de 2013 debía haberse tenido la Ley Federal de Consulta Popular.

Otro que posicionó en favor de este dictamen fue el panista Alfredo Rivadeneyra, que rechazó que se calificara a los diputados del PAN de irresponsables por avalar este dictamen ya que se estableció un año para que el Congreso aprobara la legislación secundaria.

Consideró que esta legislación es una herramienta de expresión ciudadana que se ejercerá simultáneamente con el proceso electoral de 2015, como lo establece la reforma a la Constitución y así se puntualiza en la ley que se discute.

Opinó que los cambios que hizo el Senado a la minuta dan justamente un enfoque de perfección que mejora el documento.

Comentó que con los cambios que hizo el Senado flexibiliza el objeto de la consulta, porque vuelve más genérico este instrumento popular y establece la posibilidad de que un ciudadano exprese y su opinión sea vinculante, es decir que la decisión tendrá que ser acatada por los órdenes de gobierno.

Señaló que es muy relevante que se haya estipulado que el Instituto Nacional Electoral es el único facultado para difundir esta consulta y no los involucrados en ella, incluso el Presidente de la República que tiene facultad de promover una consulta popular.

El diputado Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, también se pronuncio en favor del dictamen.

Los diputados que hablaron en contra del dictamen fueron Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT; Alfonso Durazo, y la perredista Lizbeth Rosas Montero, quienes opinaron que la propuesta de ley secundaria tiene candados que limitan la consulta popular.

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