Con 147 denuncias en curso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el manejo irregular de 4 mil 300 millones de pesos por entidades del gobierno federal y de estados y municipios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el informe de resultados de la Cuenta Pública 2012, último año de la administración del expresidente Felipe Calderón.
"Corresponderá a la propia Procuraduría General de la República que haga las indagatorias a través del Ministerio Público, y con base en eso tendremos información posterior", precisó el auditor superior Juan Manuel Portal Martínez.
Dijo también que se estima una recuperación de inicial de más de 10 mil millones de pesos en los estados y municipios, a partir de las observaciones solventadas por irregularidades señaladas.
El informe precisa que 102 denuncias fueron en contra de las dependencias del gobierno federal, 2 contra universidades públicas y 43 en contra de los gobiernos estatales, por el delito de desvío de recursos, entre los que destacan Jalisco con 21, Tabasco 6, Michoacán 4, Chiapas 3, Morelos 2, Sinaloa 2, Oaxaca 1, Sonora 1, San Luis Potosí 1, BC 1 y BCS 1.
En el caso de Tabasco se señala que no se aclaró el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos provenientes del Fonden, y de que no se atendieron en tiempo y forma las emergencias de las inundaciones.
Desvío de recursos
El auditor superior destacó también que en los estados se registraron irregularidades, principalmente, por desvío de recursos en obra pública, por lo que pidió una mayor revisión del ejercicio del gasto federalizado.
Explicó que se observó, de manera constante, que "los proyectos de infraestructura en diversos entes han presentado modificaciones y diferimientos en los procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha, así como incrementos sustanciales en sus costos".
Por tanto, "ante la repercusión social y económica que provocan los retrasos en la entrada de operación de las obras y la generación de sobrecostos con cargo al erario público, se considera necesario mejorar tanto la planeación de las obras, la elaboración efectiva y oportuna de los proyectos y la supervisión efectiva de su desarrollo".
Puntualizó que con estas medidas, "el recelo social con el que se observan las inversiones fiscales podrá reducirse".
Las más demandadas
En las dependencias federales hubo 52 denuncias por presuntos delitos en la Secretaría de Agricultura, 25 en la exReforma Agraria, 12 en contra de Economía, 6 contra la Secretaría de Hacienda, 5 en la SEP, 1 contra Gobernación y 1 en Semarnat.
En el caso de la Secretaría de Economía se aplicaron 12 auditorías solamente al Instituto Nacional de Economía Social, antes Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Destacaan dos demandas contra la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Opacidad en San Lázaro
No obstante, la ASF también encontró opacidad en el manejo de más de mil 700 millones de pesos en la Cámara de Diputados -de los más de 6 mil millones que conformaban su presupuesto- que los grupos parlamentarios no pudieron comprobar.
El informe alerta también que el manejo de las pensiones y jubilaciones "constituye hoy uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas".
Establece que el monto total de pasivos laborales diferidos fue de 6.29 billones de pesos, y se calculó un déficit actuarial por 5.61 billones de pesos.