CIUDAD DE MÉXICO. Con al menos una decena de temas controvertidos, el Congreso de la Unión aprobó la realización del primer periodo extraordinario de sesiones, a partir de este miércoles, para aprobar las leyes secundarias en materia político-electoral.
Uno de los puntos que se espera confrontará a los partidos en tribuna, sobre todo PRD y PAN contra el PRI será el tema de las candidaturas comunes, así como el prorrateo en los gastos de campaña.
La declaratoria del periodo extra corrió a cargo del presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el priista Raúl Cervantes Andrade, quien citó para hoy a sesionar a los plenos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
El principal tema que detonó la nueva reforma constitucional en materia política-electoral y su reglamentación secundaria, el prorrateo en campañas, será legalizado en los próximos procesos electorales, con un mecanismo de 12 fórmulas para la distribución de los gastos de campaña.
Luego de que este asunto representó la piedra de toque del conflicto postelectoral de los comicios presidenciales de 2012, los senadores avalaron, en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, que el prorrateo --en caso de que se promueva a dos o más candidatos—se distribuya en un 40 por ciento del gasto para el candidato presidencial y un 60 por ciento al candidato a senador, y en el mismo caso para candidatos a presidente y diputado federal.
En el caso de los candidatos a la presidencia, senador y diputado federal, se distribuirá el gasto en un 20 por ciento para el abanderado presidencial, 50 por ciento al candidato a senador, y en un 30 por ciento al candidato a diputado federal.
Alianzas y dinero
La fórmula para destrabar el tema de las candidaturas comunes, uno de los puntos que causó más "jaloneos" en la negociación de estas leyes, fue dejarle la facultad a las entidades federativas para establecer en sus constituciones locales las formas de asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos.
En cuanto al financiamiento privado, el ordenamiento establece en el artículo 57 que cada partido podrá obtener recursos no mayores al 10 por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, es decir, 80 millones de pesos de acuerdo a los comicios de 2012.
Respecto a las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que deroga al Cofipe, el artículo 32 de ese ordenamiento señala que el organismo podrá elegir y remover a los consejeros electorales estatales, denominados en esta ley como Organismos Públicos Locales.
También, el INE podrá suscribir convenios con órganos del Ejecutivo federal que establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera, así como atraer comicios locales en casos de que se comprueben "graves alteraciones de la paz pública", o que "no existan las condiciones políticas idóneas por injerencia o intromisión de alguno de los poderes públicos".
La reforma también establece en el artículo 218 la realización de cuando menos dos debates obligatorios entre candidatos a la Presidencia de la República, los cuales "serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público". Los partidos necesitarán ganar el tres por ciento de los votos para conservar su registro.