CIUDAD DE MÉXICO. Con ocho ejes principales, la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados presentó este jueves una "Propuesta a la Reforma para la Transformación del Campo", como la base para "impulsar un campo mexicano autosuficiente, sustentable, justo, solidario y competitivo:
Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar funcionalmente el sector; Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques; Reordenamiento de los mercados, balance de oferta y demanda, precios justos (Tablero de Control) y comercio internacional; Financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de aseguramiento.
Organización del uso del agua, producción de fertilizantes y equipamiento del sector agroalimentario; Extensionismo holístico e innovación y desarrollo tecnológico; Sanidad, inocuidad, biotecnología y semillas mejoradas; Impacto social de la Reforma al campo mexicano.
La presidenta de la Comisión, Gisela Raquel Mota Ocampo, explicó que esta propuesta será entregada al Ejecutivo federal, misma que "espero que sea tomada en cuenta para la reforma que se presentará en los próximos meses".
La legisladora perredista aseguró que "en estas propuestas se plasma el sentir y pensar del sector agrario del país, desde una óptica propositiva y constructiva, ante las condiciones desafiantes del contexto nacional e internacional".
Recordó que las causas que han propiciado la necesidad de impulsar una reforma al campo es que México está importando ya casi la mitad de los alimentos que se consumen en el país.
Precisó que la propuesta de la comisión se elaboró con las aportaciones recogidas en los foros y reuniones realizadas en varias ciudades del país durante un año y medio.
Para su ordenamiento y sistematización se consideraron los siete ejes propuestos por el Ejecutivo federal y se agregó un octavo correspondiente al tema social y de derechos humanos.
En los foros y reuniones que organizó la comisión participaron organizaciones de productores de los ejidos y comunidades, representantes del Tribunal Superior Agrario y de las universidades estatales, además de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Antonio Narro, así como funcionarios de la Procuraduría Agraria, y legisladores locales y federales.