El diputado del PAN, Juan Bueno Torio, quien de 2003 a 2006 fue funcionario de Pemex, señaló que nunca tuvo vínculos con la empresa Oceanografía, ya que él fungió como director de la filial de Pemex Refinación y no de Exploración y Producción.
En entrevista, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, explicó que dicha empresa que está sujeta a investigación por lavado de dinero, tuvo relación con la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) dedicada a la extracción del crudo.
"Evidentemente yo fui funcionario de Pemex, pero nada más que de Pemex-Refinación. La empresa Oceanografía tiene sus tratos con Pemex-Exploración-Producción, entonces no, no tengo yo ningún vínculo ni lo tuve.
"Ni directamente con ellos, ni a través de interpósitas personas, ni a través de intermediarios ni nada; porque simplemente la empresa no trabajaba con Pemex-Refinación", refirió el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
En ese sentido, Bueno Torio afirmó que no está relacionado con esos asuntos y consideró que "se debe de ir más al detalle" y al fondo del problema, "lo que debemos de preguntarnos es de dónde surge esta circunstancia".
Subrayó que es un problema entre Banamex y Oceanografía, lo que lo convierte en un problema financiero.
Al preguntarle sobre la situación del dirigente con licencia del PAN, Gustavo Madero, de quien se dijo que viajó en un avión de la empresa, refirió que eso ya se explicó, y cuestionó que Banamex no se haya dado cuenta de las 217 facturas con 585 millones de dólares, "es mucho dinero para que pasara desapercibido".
En este contexto, el legislador criticó que senadores como Javier Lozano que apoya a Ernesto Cordero, candidato a la dirigencia del PAN, y otros que apoyan a Madero, utilicen estos temas para desprestigiar a sus contrincantes.
"No debe utilizarse un asunto de estos para llevar agua al molino de nadie. Lo que sí debemos hacer todos es presentarnos, quienes seamos llamados ante una autoridad, para aclarar, para dar nuestra versión de los hechos", expuso al señalar que como funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas con transparencia a la sociedad.