Nueva sentencia en caso Homún afectaría derecho a consulta indígena, acusan activistas

Cenoteros y activistas se oponen a la resolución que validaría la operación de la granja en Homún, porque no contempla el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas.

Por ello, los integrantes de los grupos Indignación y Kanan Ts'ono'ot se presentaron en las instalaciones del Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y Administrativo en Mérida para reunirse con representantes de ese órgano y manifestar su inconformidad por el proyecto de sentencia del recurso de revisión del amparo solicitado por los dueños de la granja en Homún.

La empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) interpuso un recurso a un amparo que determinaba que las Manifestaciones de Impacto Ambiental eran irregulares. Una de las irregularidades que ha mantenido sin actividad esa instalación se basa en que la comunidad maya de Homún no fue consultada para el desarrollo de ese complejo.

A las afueras del tribunal federal, los representantes de las organizaciones señalaron que el proyecto de sentencia es contrario a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de las comunidades indígenas y su derecho a ser consultadas.

"Hace poco la SCJN, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado de Yucatán, justamente enfatizó que debe prevalecer este derecho", señaló Jorge Fernández, abogado que lleva la causa.

Además explicó que en el caso se discuten dos visiones de desarrollo y que se estaría violando principios como el de progresividad y de protección a los pueblos indígenas, en específico, el derecho que tienen los pueblos a participar en consultas y tomar decisiones en las que se vean afectadas.

"En el fondo lo que nos preocupa de la resolución es que se contrastan dos visiones de desarrollo, dicen que pretenden avalar la visión de desarrollo que dice que la inversión porcícola es lo que necesita este estado frente a la visión de desarrollo de la propia comunidad", agregó.

Los inconformes señalaron que en el Plan Estatal de Desarrollo se plantea aumentar la inversión para el sector porcícola en la entidad; sin embargo, indican que nunca se consultó a las comunidades mayas para su elaboración.

"El Plan Estatal de Desarrollo contempla que la porcicultura debe de incrementarse en el estado, siendo que recordemos que este Plan Estatal de Desarrollo no se consultó a ninguna comunidad maya en la Península de Yucatán y además que no representa los intereses de las comunidades mayas, este proyecto de sentencia le da gran importancia al crecimiento de la productividad porcícola del estado y olvida los derechos que tiene la comunidad de Homún como pueblo maya", comentó la abogada Lourdes Medina, de Grupo Indignación.

De acuerdo con datos de los colectivos, hay cinco juicios tanto en tribunales federales como en administrativos locales y se espera que la discusión del proyecto sea este 28 de marzo.

En octubre pasado, una juez de distrito ordenó la suspensión de actividades en la granja de Homún luego de que la representación legal de un grupo de seis infantes promoviera un amparo en defensa de sus derechos a la salud y medio ambiente limpio. Sin embargo, los cerdos continuaron en la granja hasta el 1 de diciembre pasado, cuando fueron retirados del lugar.