Diputados e IP, en bloque contra impuesto que golpearía la construcción en Yucatán

Diputados de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Yucatán pidieron al gobierno del estado que se elimine del paquete fiscal para el 2019 el impuesto ambiental a la extracción de materiales del suelo y el subsuelo, que la iniciativa privada acusó que afectaría gravemente a la industria de la construcción.

En una reunión con la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, acompañados de líderes de las cámaras empresariales, los legisladores hicieron eco de la demanda para rechazar la propuesta, luego de que los industriales acusaran que el ramo de la construcción y desarrollo de vivienda sería afectado por partida doble por este impuesto sumado a la eliminación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del subsidio para la vivienda.

"La respetuosa sugerencia es que le transmita al señor Gobernador que también corrija esto, en el Legislativo es nuestra función realizarlo, pero creo que sería una muestra de respeto al propio Consejo Consultivo que él creó, escuchar a la sociedad y enviar una corrección al respecto, en especial, porque ya manifestaron que no cambiaría nada, sería lo justo", expresó el priista Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso yucateco.

En respuesta, Rosas Moya aclaró que el paquete fiscal se elaboró antes de conocer el recorte del PEF al sector y ofreció hacer los ajustes para alinear el plan estatal con el nacional. "Me llevo la propuesta para analizar del impuesto ambiental", dijo.

El pasado sábado, los industriales de la construcción y de la vivienda alertaron de la desaparición del subsidio federal a la vivienda y la creación del impuesto estatal, lo que impactaría en la reducción de creación y colocación de vivienda, especialmente de interés social, por lo que llamaron al gobierno local a eliminar el gravamen.

De acuerdo con estimaciones de la IP, la eliminación del subsidio federal causaría la pérdida de hasta 40 mil empleos directos e indirectos, así como la suspensión de la construcción de unas 3 mil 500 viviendas.