Desalojan el primer bloqueo tras la 'Ley garrote' en Tabasco
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Desalojan el primer bloqueo tras la 'Ley garrote' en Tabasco

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Desalojan el primer bloqueo tras la 'Ley garrote' en Tabasco

El gobierno liberó los pozos Terra 123 y Kenora de cuatro grupos que mantenían bloqueados los accesos desde hace tres años.

El gobernador Adán Augusto López Hernández advirtió que se replicarán operativos similares en todas las áreas petroleras donde existan "sindicatos patito”.

EF Península M. Albert Hernández
15/08/2019
Actualización 15/08/2019 - 15:23
Manifestantes en contra de la llamada 'Ley garrote'.
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A 15 días de haber entrado en vigor las reformas bautizadas como “Ley Garrote” en Tabasco, los pozos Terra 123 y Kenora fueron liberados de cuatro grupos que mantenían bloqueados los accesos desde hace por lo menos tres años.

El gobernador Adán Augusto López Hernández destacó que en las labores de disuasión participaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Estatal, quienes tomaron el control de la zona ubicada en el municipio de Nacajuca, para permitir que se reactive la actividad petrolera.

Aunque hasta el momento no se han reportado detenidos, el mandatario dio a conocer que sobre los integrantes de estas agrupaciones pesan denuncias realizadas por empresas particulares, por lo que el proceso seguirá su curso conforme a lo que marca la ley.

“Sí, ahí hay grupos de pseudosindicatos que tienen tarifada la circulación o la entrada a esos pozos".

-¿Se podría aplicar esa ley antibloqueo?- se le preguntó.

"Entiendo que hay denuncias presentadas y que la autoridad está haciendo las investigaciones, pero por lo pronto se trataba de que haya plena libertad de tránsito para las empresas y para Petróleos Mexicanos y puedan reanudarse los trabajos”, expresó.

Añadió que estos grupos cobraban por cada pipa que dejaban ingresar, además de que tampoco permitían el paso de personal.

López Hernández advirtió que se replicarán operativos similares en todas las áreas petroleras donde existan "sindicatos patito” dedicados a extorsionar a los empresarios e incluso a los pobladores de las comunidades vecinas.

“Nosotros vamos a garantizar la libertad de emprender, la libertad de empresa, así como garantizamos el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libre manifestación, también pues garantizamos el derecho al trabajo”.

El pasado 1 de agosto entraron en vigor las reformas al código penal que castigan hasta con 20 años de cárcel a quienes se opongan a obras públicas o privadas o bloqueen vías estatales con fines de extorsión.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, hasta el primer semestre del año, las autoridades estatales han ubicado a 120 supuestos líderes dedicados a pedir dinero y dádivas a las compañías del sector energético y la industria de la construcción.